El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) pidió que se lleven a cabo investigaciones serias, efectivas e independientes, desde una perspectiva de género, sobre la denuncia de violación de al menos tres custodias en el Penal de Puente Grande.
El organismo de la sociedad civil demandó que el Pleno Congreso de Jalisco apruebe la petición de la diputada, Hortensia Noroña, para que comparezcan el coordinador general del área Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, el director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, para que se garantice la seguridad, integridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y de las personas que laboran en los centros penitenciarios.
Aquí el texto del comunicado:
“Ante lo expuesta por medios de comunicación sobre la violación a por lo menos tres custodias que laboran en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, por personas privadas de la libertad de dicho centro, bajo la complicidad de autoridades penitenciarias, incluyendo a personal directivo, desde el CEPAD exigimos:
Que se lleven a cabo investigaciones serias, efectivas e independientes que, desde una perspectiva de género, lleven al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de todas las personas (incluyendo a altos mandos) que por acción u omisión participaron.
Que se brinde atención médica psicológica y jurídica a las mujeres afectadas, y que su integridad física y psicoemocional sea garantizada.
Que el Pleno del Congreso de Jalisco apruebe la petición de la diputada, Hortensia Noroña, a fin de que comparezcan el Coordinador General Estratégica de Seguridad, el Director General de Prevención y Reinserción Social, y el Secretario de Seguridad Pública, y que este eco se lleve a cabo de manera pública y participativa, y que no sea limitada a estos hechos, sino desde que asumieron sus cargos y las acciones llevadas a cabo encaminadas a garantizar la seguridad, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y de las personas que laboran en los centros penitenciarios.
Que la SISEMH lleve acciones encaminadas a diagnosticar, prevenir y atender las violencias a las que están expuestas las mujeres privadas de la libertad, y que laboran en los centros penitenciarios en Jalisco”.
Elizabeth Rivera Avelar