Abogados y activistas denuncian que el crimen organizado tiene azotada la región de Ayotitlán, Jalisco.
Los habitantes, indígenas nahuas-otomíes están amenazados por oponerse a las acciones depredadoras del medio ambiente de la mina que opera el Corporativo Minero Peña Colorada.
El 17 de noviembre pasado integrantes del crimen organizado “los citaron para reunirse con ellos”, sin explicar las razones o el fin; en mayo pasado varios pobladores fueron privados de su libertad y luego liberados. La abogada Adriana Cárdenas, de la asociación civil “Tsikini”, demanda que termine el silencio, la impunidad y el abandono del Estado en esta región.
“El conflicto principal y muestra de ello son estos últimos hechos recientes. Este año ha sido un
año crítico para la comunidad, porque de parte de organizaciones como las que integran el Observatorio, han estado muy activas en cuestión de apoyo, acompañamiento y asesoría legal, y el crimen organizado se entera de todo prácticamente. Los compañeros de la comunidad tienen miedo, incluso de hacer algún tipo de movimiento, de salir de sus domicilios y desplazarse a hacer algún trámite o alguna reunión, porque están siendo amenazados”, declaró la abogada.
Los habitantes de esta zona piden la presencia permanente de la Guardia Nacional en esta población
de la Región Sur de Jalisco, y que se mejoren las carreteras y caminos que comunican al lugar.
El integrante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y ex director de la Reserva de la Biosfera
de Sierra de Manantlán, Martín Gómez, señaló que hay opacidad en la operación de la mina; no hay certeza de que exista una concesión ni manifestación de Impacto Ambiental vigentes, ni existió consulta de la comunidad indígena de Ayotitlán.
La mina es operada por el Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, empresa metalúrgica de origen ítalo-argentino-hindú; es la principal mina de hierro del país, ahí se extrae entre el 25 y el 30% del mineral de hierro que se genera en México, el cual se exporta por el Puerto de Manzanillo a Estados Unidos, Canadá y China. Genera ganancias por 1,500 millones de dólares al año y los indígenas dueños de la tierra no obtienen ni un peso, únicamente unos pocos representantes del Ejido reciben 20 millones de pesos al año, que son repartidos únicamente entre los líderes “a cambio del silencio y la complacencia de las actividades mineras”, que incluye la tala de árboles.
La última tala registrada fue el pasado 25 de noviembre en el cerro alto de La Astilla, que “quedó pelón” y que protegía al poblado indígena nahua.
Elizabeth Rivera Avelar