Consejeros del Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción denunciaron falta de coordinación entre los diferentes organismos que forman el sistema, lo que, aseguraron, ha llevado a que esta dependencia no cumpla su función al frente de la observancia y sanción de aquellos funcionarios públicos que cometen actos de corrupción en el servicio público.
En rueda de prensa, el consejero, Salvador Mancera, refirió que conforme un ejercicio de reflexión y rendición de cuentas se encontraron diferentes deficiencias en el Sistema, por lo que desde el Observatorio se emitieron las siguientes recomendaciones.
“Promover su profesionalismo, capacitación e intercambio de técnicas y habilidades, documentar sus buenas prácticas y establecer mayor comunicación con órganos de control municipal, aumentar las capacidades jurídicas, este es importantísimo porque se encontraron ausencias en las leyes y reglamentos que no permiten avanzar de una forma más completa, ya que ciertos datos de prueba quedan fuera de su jurisdicción y ello dificulta o impide ahondar en las investigaciones”, apuntó.
Por su parte, la consejera, Cecilia Díaz, dio a conocer algunas de las cifras acerca de los procesos abiertos en cada una de las dependencias que forman el Sistema Estatal Anticorrupción:
Para la Contraloría del Estado de Jalisco, entre los meses de enero de 2019 a octubre 2022, se han realizado 990 informes de presunta responsabilidad administrativa (ipra), de los cuales 84 considerados como graves y fueron remitidos al tribunal justicia administrativa, además de otras 121 denuncias penal a fiscalía especializada en combate a la corrupción.
Por parte de la Auditoría Superior del Estado, que sólo presentó datos de fiscalización de los años 2018 y 2019, se han presentando 228 informes de presunta responsabilidad, de los cuales 154 ya están en la cancha del tribunal justicia administrativa, no obstante, todos se encuentran sin sentencia; mientras que otros 74 están en curso en la autoridad sustanciadora.
Por último, la consejera aseguró que en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hay un flujo constante de carpetas que se judicializaron como las vinculadas a proceso desde 2019, con 6 ex secretario de estado, 15 ex secretarios generales, 4 ex presidencial municipales y agentes del ministerio público ya sentenciados.
Paola Mendoza