Por Elizabeth Rivera Avelar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez de las regulaciones impuestas por el Ayuntamiento de Guadalajara sobre la instalación de cableado aéreo. Tras rechazar una impugnación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentada en 2022, se establece de manera definitiva que el gobierno local tiene la autoridad para exigir a las compañías de cable que trasladen su infraestructura a un sistema subterráneo y adquieran un seguro contra daños, informó Luis Cisneros Quirarte.
Cisneros Quirarte quien preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad, celebró la decisión, indicó que esto valida la posición del municipio de regular el tendido aéreo y fomentar su cambio a infraestructura subterránea en los servicios de telecomunicaciones.
“Quedan en firmes las reformas, esto significa que sigue vigente la obligación que tienen las empresas de tener en orden el cableado en la ciudad, en caso contrario, se harán acreedores a sanciones económicas que pueden llegar hasta el medio millón de pesos y de reincidir en el mal ordenamiento del cableado en la infraestructura de la ciudad, incluso proceder a la revocación de la licencia de operación”, advirtió.
Luis Cisneros Quirarte advirtió que las empresas que no acaten estas normas enfrentarán multas significativas y podrían incluso perder su licencia de operación si reinciden en la desordenada gestión del cableado. Refutó los argumentos del IFT sobre una supuesta invasión de competencias, subrayando que el fallo de la SCJN resolvió la disputa a favor del ayuntamiento.
Este tema ganó importancia después de varios accidentes entre 2021 y 2022, donde motociclistas y ciclistas resultaron heridos o incluso fallecieron debido a cables aéreos desprendidos. Un incidente particularmente trágico fue la muerte de José Fernando Ramírez, un motociclista y padre de familia, en mayo de 2022. A raíz de estos eventos, Guadalajara implementó regulaciones más estrictas para las empresas de telecomunicaciones, las cuales fueron impugnadas por el IFT sin éxito.
La decisión de la SCJN crea un precedente importante para otros municipios de México, demostrando que tienen el derecho de regular a las empresas de telecomunicaciones sin sobreponerse a las competencias federales. El Ayuntamiento de Guadalajara se destaca así como pionero en la materia, abriendo la puerta para que otros municipios establezcan regulaciones similares.