Con ajustes para eliminar el concepto de violencia vicaria y sustituirlo por “violencia por interpósita persona”; el Congreso de Jalisco aprobó reformas para sancionar que se utilice a los hijos para violentar a la pareja.
El dictamen original fue “descafeinado”, pues proponía que fuera un delito con pena de hasta 10 años de cárcel y al final no quedó como delito y sólo como agravante en los casos de violencia familiar.
El tema generó un álgido debate entre las diputadas Claudia Murguía del PAN, Dolores López de Movimiento Ciudadano (MC) y Mara Robles de Hagamos.
“Las modificaciones que presentó Movimiento Ciudadano están hechas por un hombre, están hechas allá enfrente y en Casa Jalisco”, acusó la diputada Murguía.
“Se privilegian las leyes federales, que si esto que el día de hoy estamos buscando como primer piso compañeras, todas las leyes son perfectibles”, argumentó Dolores López de MC.
“No me explicó porqué cambia el dictamen de la Comisión, si el dictamen de la Comisión retomaba la discusión con las madres que luchan en contra de la violencia vicaria, porqué a última hora se cambia de opinión y se echa para atrás todo ese trabajo que se realizó”, cuestionó la diputada Mara Robles.
La reforma, que tenía dos años pendiente, se aprobó con 36 votos en lo general, la bancada panista se reservó artículos y planteó modificaciones que fueron rechazadas por la mayoría de MC, Morena y PRI.
Colectivas de mujeres que se manifestaron afuera del Congreso estatal recriminaron los cambios a la reforma, retiraron su plantón, pero advirtieron que analizarán las medidas que tomarán.
La diputada panista Mirelle Montes también criticó los cambios al dictamen y planteó propuestas de ajuste que se rechazaron. En la discusión las legisladoras emecistas Claudia Salas y Nora Patricia Fadaya Medina Cerda, junto con la priista Hortensia Noroña del PRI; recriminaron que las hayan tachado de estar sometidas y sólo seguir órdenes. La diputada de Morena, Claudia García, apoyó las modificaciones planteadas por los emecistas y subrayó que se armoniza la legislación estatal con la federal.