Activistas de 10 organizaciones de la Sociedad Civil de Jalisco pidieron la intervención de Organismos Internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que realicen una misión e investiguen la criminalización de activistas en materia ambiental, esto tras el encarcelamiento, por unos días, de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la defensa de un parque, indicó la especialista en derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.
“Medidas que son derivadas del conjunto de hechos y acciones realizadas, en contra de defensores defensoras y activistas ambientales por parte del Estado de Jalisco, y entiéndase Estado de Jalisco, de todos los poderes institucionalizados en nuestro estado, el Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y organismos autónomos, al criminalizar las luchas socioambientales y así inhibir nuestro derecho a un medio ambiente sano”, declaró.
Gutiérrez Nájera aseguró que lo ocurrido con los universitarios no es el único caso y presentó una lista de 9 episodios en los que se criminalizaron luchas socioambientales, en beneficio de intereses inmobiliarios particulares, entre estos, están la defensa de recursos naturales, la defensa de áreas verdes arboladas, bosques, parques, jardines, cuencas y acuíferos, desde 2015 y hasta la actualidad en 2023.
Raquel Gutiérrez y los representantes de las 10 organizaciones, manifestaron que el encarcelamiento de los universitarios no debió ocurrir, porque con ello se violaron tratados internacionales como: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia, Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como acuerdo de Escazú.
Demandan parar la continua y sistemática criminalización de las y los defensores ambientales en el territorio de Jalisco.
Los ambientalistas que firmaron el llamado de ayuda, advirtieron que hacen responsable a las autoridades estatales de Jalisco y a las municipales correspondientes, de cualquier daño que puedan enfrentar.
Elizabeth Rivera Avelar