Por Elizabeth Rivera Avelar
El Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco, que agrupa a 36 asociaciones profesionales y representa a aproximadamente 17,000 litigantes, expresó su respaldo al paro de labores en el Poder Judicial. Así lo confirmó José Luis Tello Ramírez, presidente de la organización, quien destacó la postura de los abogados en contra de la Reforma al Poder Judicial, con el argumento de que busca someter a jueces y abogados bajo la influencia del Ejecutivo.
“No vamos a permitir que se pueda doblegar, hincar, agacharse y someter a un poder tan digno para que se rompa la democracia e impere lo que es la dictadura, sería una vergüenza porque no podemos los abogados representando a la sociedad como procuradores de la defensa de los derechos humanos, no únicamente los empleados del Poder Judicial de la Federación sino de todos los mexicanos que Jalisco y los abogados que representamos dignamente al Consejo de la abogacía pretendan irrumpir la democracia y la paz social en los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo en cada una de las entidades federativas”, expresó.
La organización de abogados subrayó su oposición frente a la reforma al Poder Judicial de la Federación, la calificaron como una amenaza para la democracia y la independencia judicial en México, opinaron que podría romper el equilibrio de poderes al intentar subyugar al Poder Judicial.
Según los representantes de los colegios, el paro podría impactar en 50% la expedición de recursos de amparo.
Los abogados manifestaron preocupación por el futuro de la democracia en México, en Jalisco, aunque el paro no es total, se ha dado prioridad a casos que impliquen riesgo para la libertad, los bienes y la salud de los ciudadanos.
La comunidad jurídica insiste en que la reforma es errónea y pone en peligro la autonomía e independencia del Poder Judicial. Llaman a fortalecer las instituciones judiciales con capacitaciones adecuadas para futuros jueces y magistrados.
El Consejo también se pronunció sobre la situación económica, señalando que los fondos asignados a la reforma, calculados en 64,000 millones de pesos, podrían emplearse mejor en educación, salud y desarrollo social. Argumentan que combatir la corrupción dentro del Poder Judicial es cuestión de mejorar sistemas de responsabilidad administrativa y no de desmantelar la institución.
José Luis Tello resaltó que el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como estatal, se estableció con el propósito de sancionar, capacitar y transparentar la administración y distribución de justicia, pidió “que aquellos funcionarios que dañen la dignidad y probidad del sistema judicial sean sancionados”.
El líder gremial subrayó que los abogados buscan juicios rápidos y eficientes, y lamentó que se dejen archivadas denuncias como el juicio político contra consejeros, evidenciando la necesidad de un sistema de justicia ágil y justo. Sostuvo que los actos de corrupción en la judicatura,“”son aislados’’, y abogó por un Poder Legislativo fortalecido en lugar de uno sometido.
Especialmente Tello Ramírez, crítico con la reforma judicial propuesta, señaló que intenta someter al Poder Judicial, poniendo en riesgo tanto la democracia como el balance de poderes en el país. Denunció las intenciones detrás de promover una elección popular para elegir jueces y magistrados como una falacia que distrae de los verdaderos problemas, y no dudó en calificar esto como un “circo” que podría desperdiciar recursos significativos del erario público.
El presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco enfatizó que introducir personal judicial sin experiencia pone en peligro la administración de justicia, y advirtió que tales acciones podrían desencadenar una crisis jurídica nacional. La reforma, argumentó, carece de fundamento y amenaza la seguridad jurídica y económica de las mexicanas y mexicanos, abogó por la rectificación de estas medidas en favor de la autonomía e independencia de los poderes del Estado.
Por último, el presidente del Consejo subrayó la preocupación internacional que han atraído las políticas públicas actuales, con la Comisión Interamericana involucrada en el seguimiento del caso. Llamó a la prudencia y conciencia de los legisladores para “no traicionar el mandato ciudadano”, mantener la integridad y equilibrio que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.