Por Elizabeth Rivera Avelar
El Gobierno de Jalisco rechazó las acusaciones sobre el uso de apoyos sociales con fines electorales, en respuesta a esas afirmaciones, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública y a las autoridades correspondientes.
El principal punto del comunicado argumenta que los apoyos sociales continúan siendo distribuidos de manera totalmente legal y conforme a las reglas de operación establecidas desde 2022.
En respuesta a las acusaciones efectuadas por Morena, el Poder Ejecutivo estatal comunicó que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales contra el diputado federal y coordinador metropolitano de la campaña a la gubernatura por Morena, Salvador Caro Cabrera, quien aseguran podría estar coaccionando a beneficiarios de programas sociales, un acto considerado como delito electoral. La presencia de Caro en oficinas gubernamentales, según el comunicado, no encuentra justificación y puede generar presión indebida en los beneficiarios.
Sostienen que el programa “Acceso a Oportunidades de Desarrollo Social”, establecido en 2022, sigue su operatividad con el objetivo de garantizar derechos sociales a personas en condiciones de desigualdad. La administración de dicho programa se realiza bajo la supervisión de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social con un presupuesto aprobado para el ejercicio del presente año.
El Gobierno Estatal aseguró que las acciones de distribución de recursos económicos no infringen las leyes, siempre y cuando no se utilicen estas entregas para influir en la decisión de voto, conforme a lo estipulado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
La administración estatal, en su mensaje, defendió que ninguna funcionaria ni funcionario ha incurrido en delito alguno y que la entrega de apoyos sociales de ninguna manera responde a intereses políticos. El compromiso del Gobierno de Jalisco aseveró se mantiene firme en actuar con total transparencia y apego a la legalidad, asegurando la protección y el bienestar de las personas más vulnerables del estado.
El comunicado enfatiza que las difamaciones y manipulación de información por parte de intereses partidistas son intentos para deslegitimar el trabajo del gobierno y dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables.