Entre señalamientos de posibles conflictos de interés en la investigación del derrame de lixiviados del basurero de Picachos, que contaminó el arroyo de Milpillas y las cascadas de Huaxtla, Iker Frangie Martínez Gallardo, titular Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, compareció en la Comisión legislativa de Medio Ambiente. El funcionario estatal sostuvo que su relación familiar con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, no ha interferido en la revisión e investigación del asunto. Hablan el procurador Iker Frangie y la diputada Tonatzin Cárdenas.
“Por qué no se actualiza conflicto de interés en este caso, porque la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente no tiene dentro de sus facultades el sancionar a personas en particular, sino revisa instituciones”, dijo el funcionario estatal.
“Sinceramente no estoy satisfecha, no nos respondió sí cree que hay, sí o no, conflicto de interés; a mi parecer sí. Independientemente del momento procesal, es evidente que no hay tampoco un plan de prevención”, replicó la legisladora.
Hicieron más cuestionamientos la diputada Valeria Ávila, los diputados Leonardo Almaguer y Alejandro Puerto, señalaron el despeño de la Proepa en puntos como la falta de medidas preventivas, conflicto de intereses, atención a las denuncias de pobladores de comunidades aledañas, falta de seguimiento a medidas de remediación.
En la contraparte, las legisladoras emecistas, Gabriela Cárdenas y Alejandra Giadans, señalaron que en el caso hay omisiones de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y destacaron la disposición del procurador estatal de asistir al Congreso estatal a responder dudas,
Sobre el caso de Picachos, el procurador comentó que el 23 de septiembre personal del Procuraduría realizó visita al basurero y ordenaron medidas como la compactación de taludes, cobertura de residuos, recobertura de la celda 6, rebombeo y recirculación de los cárcamos para mantener la capacidad disponible, explicó que observaron que los cárcamos estaban al 80% de su capacidad. Subrayó que emplazaron al municipio a un procedimiento administrativo sancionador que está en proceso. Añadió que también estuvieron, el 25 de septiembre, en el basurero Hasars donde se les emplazó a procedimiento administrativo sancionador.