Víctimas de detenciones y desapariciones forzadas en Jalisco se unen; conforman grupo para buscar justicia

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Foto: Milenio

Los detenidos y las víctimas de desaparición forzada del 4, 5, y 6 de junio, durante las protestas que se efectuaron en Guadalajara en contra el asesinato de Giovanni López, se unieron y conformaron el grupo “Somos 456”, por medio del cual buscan justicia, la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, así como una reforma en la actuación y en los protocolos policiacos.

La agrupación envió un comunicado dirigido al secretario general del Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Enrique Ibarra Pedroza, en el que dan respuesta a un documento que el funcionario estatal publicó el pasado 18 de junio, sobre los hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López Ramírez.

Como primer punto, exponen que les lastima lo que aconteció en Jalisco el 4, 5 y 6 de junio de 2020; “nos indigna y desconcierta que en un país democrático se recurra a estrategias que creímos erradicadas para infundir temor a la población, que tiene el derecho a la manifestación libre de ideas y a la protesta pacífica para expresar sus inconformidades, sea cual sea el gobierno en turno”.

Refieren que pese al dolor y a la indignación, quieren establecer que no buscan venganza y tampoco apoyan la utilización de ‘chivos expiatorios’, en la búsqueda de justicia.

“Nos preocupa la suerte del policía investigador, Raúl Gómez Mireles y del comandante, Salvador Perea Rodríguez, detenidos por presuntamente haber desobedecido órdenes y orquestado por su cuenta la represión y los abusos policiales sufridos el 5 de junio. Señalarlos solo a ellos como culpables de una violencia que es estructural y cotidiana, vulnera nuevamente los derechos humanos, ahora de estos policías y de sus familias. Los familiares ya han expresado en diversos medios que estos elementos estaban siguiendo órdenes superiores y que se les está haciendo pagar como los principales responsables. Solicitamos que se respete su derecho al debido proceso, como en su momento buscamos que se respetaran nuestras garantías como ciudadanas y ciudadanos”, manifestaron.

En el texto demandan que se efectué una investigación exhaustiva y transparente de las privaciones ilegales de la libertad.

“Nos afectaron esta vez a nosotras y nosotros, pero no constituyen un caso único, sino lamentablemente un actuar cotidiano de las corporaciones policiacas. Le solicitamos no solamente un pronunciamiento claro hacia la ciudadanía jalisciense en general y hacia todas las víctimas de los atropellos, sino también una investigación exhaustiva y transparente, para que podamos acceder a una reparación integral del daño sufrido, que más allá de la indemnización por los bienes materiales requisados y por el daño moral, debiera cubrir puntos como: la garantía de que hechos así no volverán a ocurrir en nuestro estado, ya sea en el marco de protestas o manifestaciones, o durante aprehensiones regulares; y, una disculpa pública por parte del Estado de Jalisco a todas y todos los afectados”, exigen.

También reclaman ser parte de un ejercicio de reestructuración legislativa, para que, en conjunto con las autoridades, se establezcan protocolos policiacos más eficientes, que regulen el actuar de cada elemento y corporación; y se dejen atrás los abusos, las detenciones arbitrarias y las prácticas deleznables como la tortura.

Para ello consideran fundamental: la capacitación continua de los elementos policiacos, sobre todo en derechos humanos, y no solo en el uso de la fuerza; la mejora en los contratos y condiciones laborales de los policías; la aplicación de exámenes de confianza; además de programas continuos de sensibilización que contemplen el derecho de los policías a acceder a atención psicológica y a una oferta cultural amplia en sus espacios laborales.

Manifestaron que quieren dejar muy claro que no están en contra del gobierno actual, ni tampoco militan en un partido político determinado.

“Somos más de cien rostros y cien nombres que nos pronunciamos inconformes con la corrupción, la impunidad y con el actuar reiterado de las corporaciones policiacas en general, que están regidas por un pensamiento del que nadie de nosotras ni nosotros es responsable, mas sí herederos y herederas”, apuntaron.

En la publicación denuncian que continúan las amenazas y amedrentamientos.

“¿Se puede dormir tranquilamente en una ciudad donde la Fiscalía requisa objetos personales, durante privaciones ilegales de la libertad, y luego usa nuestros datos, obtenidos también ilegalmente, para contactarnos y contactar a nuestras familias para amedrentarnos? ¿Quién va a garantizar nuestra seguridad? Si las instituciones encargadas de hacerlo son las primeras que la violentan”, cuestionan

Firman el documento con los siguientes hashtags:

#JusticiaParaGiovanni, #JusticiaParaTodxs, #Somos456

Consulta el documento completo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1fos_LzYUTGROOk7K4VsmTbz87-SR-f9G/view?usp=sharing

Elizabeth Rivera Avelar