Por Rodrigo Rivas Uribe
Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado aprobada en el Congreso tiene avances, pero también algunos pendientes, consideró la diputada Susana de la Rosa Hernández, que lamentó no se incluyó asignar un presupuesto específico.
La legisladora de Futuro subrayó como otra asignatura pendiente que no considera la atención a grupos en condición de vulnerabilidad.
“Hizo falta contemplar espacios de atención para personas de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ más, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad; recordemos que usualmente también a estos grupos les cuesta trabajo la aceptación social y eso les empuja a casos incluso a nivel de suicidio” dijo.
Añadió que también faltó un fondo para desarrollo y mantenimiento de infraestructura y cuestionó que la legislación mantiene la figura de internamiento obligatorio, en casos de una orden judicial, lo que consideró rompe con el concepto de autonomía y consentimiento informado como elementos básicos para cualquier política sobre salud mental.
La diputada destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectó que para 2030 las enfermedades de salud mental serán de las principales causas de atención de salud público.