Por Rodrigo Rivas
Luego de corregirse un error en el decreto de la reforma constitucional, el gobierno estatal debe cumplir con la emisión de la disposición para crear la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura (FEIDT) y solventar la omisión que Jalisco arrastra desde el año 2017, cuando entró en vigor la Ley General en Materia de Tortura; explicó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), advirtió que la omisión implica impunidad total en este delito.
“Cuando hablamos de la ausencia de una institución que investigue los actos de tortura hablamos también de una deuda pendiente para las víctimas ya que recordemos que en Jalisco no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito estamos hablando de un 100% de impunidad”, dijo.
La activista argumentó la operación de la actual Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, no cumple con los lineamientos nacionales e internacionales al no tener autonomía. Con 188 casos, Jalisco es el tercer lugar nacional en denuncias presentadas por presuntos actos de tortura, advirtió la “institucionalización” de actos de tortura como método de represión de protestas sociales.
Se reunieron con las activistas, las diputadas de Futuro Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas; Valeria Ávila, Enrique Velázquez y Tonatiuh Bravo de Hagamos; además de Itzul Barrera de Morena.