Por Rodrigo Rivas
La nueva administración estatal heredó una lista de pendientes en la atención a la crisis por la desaparición de personas, como el retraso de más de 3 años en la emisión del reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, recordó Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
“Estamos a tres años y medio de su entrada en vigor y todavía con este grave retraso no se ha podido aprobar el reglamento de la ley, el reglamento de la Comisión de Búsqueda o el programa estatal de búsqueda que son herramientas fundamentales para las acciones de búsqueda y para operativizar la aplicación de la ley”, dijo.
La activista subrayó que la voz de las familias de personas desaparecidas siempre debe ser escuchada y priorizada. Refirió como otro pendiente la conformación de una Fiscalía Especializada Contra la Tortura, tema en el que el Gobierno Estatal ha sido omiso aunque existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que lo ordena.
Añadió el alto nivel de impunidad, pues de 1,268 personas judicializadas por delitos en materia de desaparición, sólo se vincularon a proceso 681 personas y sólo en 72 casos llegaron a sentencia condenatoria.