Por Rodrigo Rivas
Para armonizar la legislación estatal con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; la diputada local del Partido Verde, Brenda Carrera García, presentó iniciativa para modificar las leyes locales y homologarlas con las disposiciones federales.
“Si Jalisco no armoniza su marco jurídico de inmediato, quienes extorsionen aquí podrían ser procesados con penas más bajas, con reglas más débiles y con algunas lagunas legales que ya han sido cerradas en el ámbito federal”, expuso.
La legislación federal plantea pena máxima de 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, conmutación de pena o reducción de condena. Se considera sanción de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
También establece 34 agravantes donde tipifica expresamente modalidades como el cobro de piso, los montachoques, los préstamos gota a gota que establecen intereses muy difíciles de pagar, la extorsión electrónica. La sanción se incrementa de 7 a17 años en casos donde haya violencia física, por el uso de armas o sea cometida por grupos de la delincuencia organizada, entre otros.