La construcción de acueducto sustituto Chapala-Guadalajara requiere 11 mil 922 millones de pesos que se obtendrían bajo el esquema financiero, con inversión privada en la construcción, mantenimiento, reparación y operación, conocido como Modelo C-MRO. Al presentar la iniciativa en el Congreso de Jalisco, el secretario de hacienda, Luis García Sotelo, explicó esto no implica la privatización del servicio o incremento a las tarifas; argumentó que no implica deuda, aunque si compromete a pagos anuales etiquetados en el presupuesto estatal durante 20 o 25 años.
“El modelo que les estamos poniendo a consideración para el C-MRO estatal trae la participación del Estado de Jalisco y la del privado que gane un concurso internacional público. Lo que los diputados y las diputadas discutirán, en el caso de aprobar este proyecto, es la posibilidad de que anualmente el presupuesto del Estado de Jalisco, con recursos del Estado de Jalisco, pague el total del costo financiero C-MRO. Lo que aprobaría el Congreso es que anualmente se etiquete el recurso para su pago, es como un modelo de obra pública multianual que rebasan este periodo de gobierno”, expuso.
Añadió que el modelo C-MRO es aplicado por el Gobierno Federal en diferentes obras de infraestructura pública. El funcionario insistió en que este esquema no implica que el servicio o la infraestructura sean concesionados y especificó que la operación del sistema seguirá siendo estatal.
El secretario presumió que con el nuevo acueducto se reducirán los costos de operación del Siapa con ahorro de unos 200 millones. García Sotelo adelantó que en el presupuesto del próximo año solicitará 5 mil millones de pesos para continuar con los trabajos de modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, refirió que este año destinan 2,500 millones para trabajos de remodelación en el módulo 1 de la planta, además de 1,500 millones para en el acueducto de la Calera para evitar el tramo de Las Pintas. El titular de hacienda estatal hizo hincapié en que el esquema de financiamiento no incrementará la deuda estatal, ni compromete las finanzas públicas.