Por Elizabeth Rivera Avelar
Los pueblos originarios en México serán reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con ello, podrán tomar decisiones de manera libre en sus comunidades y asambleas; así como instituir sus propias formas de gobierno, organización, de desarrollo económico, social y cultural.
Además, se asegurará el derecho de que quienes pertenecen a estos sectores de la población a la consulta cuando les pueda afectar alguna medida legislativa o administrativa y se obligará a la federación, estados y municipios a adoptar las medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad que históricamente han padecido estas comunidades.
La minuta de la reforma sobre este tema será dictaminada y avalada este lunes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, con la modificación del artículo 2 de la Constitución Política, el proyecto de decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre pasado.