Presentan queja ante CEDHJ contra operativos de «Verificación Responsable»

Los representantes de las asociaciones Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (Atervac), Abraham Alejandro Gobel Gómez, y de la Coordinación Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos (CJAM), Jaime David Aldrete Medina, presentaron una queja a título personal con el respaldo de 70 personas, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en contra de los operativos de socialización del Programa de Verificación Responsable. Aseguran que son retenes disfrazados de operativos, informó el representante de esta última asociación, Jaime David Aldrete:

«Le pueden poner el nombre de operativos pero realmente son retenes, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos coincide con nosotros, que son inconstitucionales y que no deberían de existir. Entonces se presentó la queja formal en contra del gobierno del estado, para que dentro de las atribuciones que tengan la Comisión, emita una recomendación, entonces fue aceptada y se hizo por ventanilla», explicó.

Los quejosos sostienen que con los operativos de la Verificación Responsable se violan las garantías individuales constitucionales, que dictan que nadie puede ser molestado, sin orden judicial, ni en su persona, ni en sus propiedades, en este caso ni en el vehículo.

«Solamente que traigan una orden de un juez o te estén buscando, o haya una orden emitida, te pueden detener, si no, no te pueden detener, ni para socializar, ni para platicar, ni para multarte, ni para proporcionarte información, ni para nada», expresó.

En el escrito presentado, añaden que la ilegalidad de los retenes y los actos de molestia que comete el gobierno estatal, no son de ninguna manera por el bien de la sociedad jalisciense.

Jaime David Aldrete aseguró que los operativos de socialización son un pretexto para extorsionar a los ciudadanos, con la amenaza de que una grúa se llevará sus vehículos, y les exigen entre 3 mil y 4 mil pesos, por lo que considera «un robo descarado», cometido por la Policía Vial y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

Elizabeth Rivera Avelar