Por Elizabeth Rivera Avelar
El Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA), en conjunto con el despacho legal Derecho y Medio Ambiente comunicaron que presentaron una demanda de amparo, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y otras dependencias del gobierno del estado de Jalisco por la omisión en la aplicación del Programa de Verificación Responsable.
La directora del Instituto IDEA Raquel Gutiérrez Nájera, sostuvo que la acción legal busca garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y adecuado y que el programa de verificación vehicular sea implementado de manera eficaz y cumpla con su propósito de mejorar la calidad del aire en la región.
“Estamos abonando, con este amparo, para que las autoridades no sean omisas en la aplicación de las leyes ambientales y de calidad del aire, para garantizar como bien se decía el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la movilidad sustentable, que creemos que esto es fundamental para ir avanzando y dando pasos”, declaró.
El recurso legal fue interpuesto el 9 de agosto de 2024 ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 1672/2024.
Raquel Gutiérrez reprochó que mientras en programa está aplicando con deficiencia, en Jalisco 70% de los días registran mala calidad de aire
Resaltó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es uno de los principales riesgos para la salud pública a nivel global. En Jalisco, la contaminación del aire es responsable de aproximadamente 550 muertes al año y genera costos en salud pública estimados en 6 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras del propio gobierno estatal.
Apuntó que los vehículos contribuyen significativamente a este problema, siendo responsables del 93% de las emisiones de monóxido de carbono, el 85% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y el 22% de los compuestos orgánicos volátiles, todos ellos contaminantes peligrosos para la salud.
“Incluso las causas de muerte por contaminación del aire son mayores a las muertes causadas por accidentes automovilísticos”, apuntó la especialista.
Sostuvo que el programa de verificación vehicular de Jalisco es una herramienta indispensable en la lucha contra la contaminación del aire, un problema que afecta gravemente la salud pública y el medio ambiente en la región. Sin embargo, actualmente solo se ha logrado el 5% de la meta que se puso el gobierno del estado, que se fijó el objetivo que el trámite lo realice el 80% del padrón vehicular.
“Sin embargo, a pesar de la importancia del programa, su ejecución ha sido deficiente. La falta de rigor en la aplicación de los mecanismos establecidos en el marco regulatorio ha resultado en un bajísimo porcentaje de cumplimiento. Esta falta de cumplimiento no solo ha impedido que se alcancen los objetivos de mejora de la calidad del aire, sino que también ha generado un daño patrimonial al estado, al no ingresar los recursos previstos al Fondo Ambiental, los cuales estaban destinados a apoyar otras acciones y programas medioambientales”, anotó Raquel Gutiérrez.
“Hacemos un exhorto a la administración estatal que entrará en funciones en el mes de diciembre, para que contemple las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento efectivo del programa de verificación vehicular. Es crucial que la nueva administración tome cartas en el asunto para detener el daño al erario público y asegurar que los recursos del Fondo Ambiental se utilicen para su propósito original: proteger y mejorar el medio ambiente en el estado de Jalisco”, expresó.
El asesor legal, Pablo Uribe Malagamba sostuvo que el objetivo es que el juzgado le exija al Estado que aplique la legislación ambiental, y obligar que los vehículos tramiten y porten el holograma de verificación vehicular y que los autos que contaminan debe ser retenidos y enviados al corralón.
Gutiérrez Nájera mencionó que ni la autoridad, ni la sociedad pueden estar supeditados a la presión de evitar ejecutar temas polémicos o impopulares, se pronunció a favor de que la ciudadanización de las políticas públicas.