Por deficiencias graves, exigen derogar el reglamento de la Fiscalía de Personas Desaparecidas

La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado se realizó sin la participación de familiares de personas desaparecidas, además de presentar deficiencias graves en el capítulo de la Fiscalía Especial que investiga las desapariciones, por lo que el Consejo Estatal Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda exigió al gobernador Enrique Alfaro que derogue el reglamento, detalla el integrante del organismo, Héctor Arturo Soto García.
«ROMPIERON EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PORQUE NO SE NOS INFORMÓ QUE YA ESTABA CONCLUIDO, QUE LO IBAN A PUBLICAR, NI AL CONSEJO Y OBVIAMENTE SIN HABER TOMADO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE FAMILIAS; Y YA REVISANDO EL REGLAMENTO PUBLICADO, VEMOS  QUE HAY DISTINTAS OMISIONES, IMPRECISIONES Y DEFICIENCIAS; EL QUE LO PUEDE DEROGAR ES LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ, EL GOBERNADOR DEL ESTADO».

Entre las deficiencias graves del capítulo que reglamenta el actuar de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas está que no se define cómo será capacitado el personal, se omiten los protocolos homologados de búsqueda e investigación, no se reglamenta el proceso de recepción de denuncias, tampoco se contempla una base de datos que facilite la identificación de cuerpos a pesar de la crisis forense, y solo menciona un Registro Estatal de Fosas, sin definir cómo será integrado, entre otras deficiencias detectadas por el Consejo.
Mediante un posicionamiento público, el Consejo Ciudadano informó que el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, y la fiscal especial, Blanca Trujillo Cuevas, aseguraron que compartirían el proyecto de Ley Orgánica que reglamenta, entre otras cosas, el actuar frente a la investigación de desapariciones, con la finalidad de escuchar sus observaciones y de colectivos.
Pero contrario al compromiso y la obligación legal de incluir a las familias afectadas, el pasado sábado 2 de octubre fue publicada la legislación en el Periódico Oficial del Estado por un decreto del gobernador Enrique Alfaro, a quien exigen revertir su decisión y atender los señalamientos.
Según la Ley General en la materia, así como la estatal, el gobierno de Jalisco está obligado a cumplir el principio de participación conjunta de las familias de personas desaparecidas en la creación de legislación y políticas públicas sobre el tema, determinación que fue violada en el caso de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado.