Por Haremy Reyes
A poco más de una semana de que sea realizada la elección judicial en México, el candidato a magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Illanes, quien aparece como número 51 en la boleta morada explicó que en estas semanas que ha hecho compaña ha descubierto que la mayoría de las personas consideran que el Poder Judicial se ha alejado demasiado de la gente.
“Que la sociedad, y me da la impresión porque yo también pertenezco a esa sociedad, fue abandonada por sus autoridades y hoy la ciudadanía no quiere nada, no quiere que se metan con ellas. Ya saben que, por ejemplo, en temas de seguridad, no hay una respuesta oportuna de algunas o de la mayoría de las autoridades. Entonces, sentí que hay ese distanciamiento. De ahí que corroboré que ese era un lineamiento importante a seguir con mi campaña. Sin tener ninguna ascendencia política ni trabajar en la administración pública, encontré en la reforma judicial muy cuestionable, pero pues encontré un hueco, pasé todos los filtros, que no fueron pocos, y llegó un ciudadano a poder ser candidato”.
Sus tres principales propuestas son:
Desarrollar jurisprudencialmente la figura de la tutela cautelar (medidas cautelares/providencias precautorias), para que, con amplitud de efectos y sin excesos, constituyan una herramienta eficaz de acceso a la justicia y den a las partes en conflicto un alivio provisional a su situación jurídica mientras el juicio se resuelve, en definitiva; lo que además generará una vía alterna de solución de controversias como al efecto dispone el artículo 17 constitucional.
Dictar sentencias de fondo que resuelvan en definitiva el conflicto entre las partes en contienda y que, además, jurisprudencialmente, tiendan lineamientos para futuros casos análogos que den herramientas, tanto a las partes como a los tribunales, para resolver tales cuestiones jurídicas sin necesidad de transitar todas las instancias judiciales hasta alcanzar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Haciendo así una impartición de justicia más rápida y con certeza.
Emitir sentencias que, en sí mismas, contengan los lineamientos precisos para su propia ejecución (forma, tiempo y condiciones). Garantizando a las partes que el fallo resuelva en definitiva el conflicto y este se materialice efectivamente en las partes: en su persona; bienes; derechos, etc. Reduciendo los tiempos de ejecución de las sentencias y el número de recursos o medios de impugnación que puedan dilatarlas.