Por Rodrigo Rivas
Para que se considere fraude cuando una escuela privada preste servicios educativos sin tener Reconocimiento de Validez Oficial (Rvoe), la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez Vázquez, presentó iniciativa de reforma al Código Penal estatal para establecer sanción máxima de hasta 7 años de prisión a quien cometa ese tipo de fraude. La legisladora refirió que el nivel de sanción dependería del monto cobrado a los padres de familia.
“En Ley de Educación se adicione para que se le obligue a la institución educativa entregarle un documento al padre de familia donde se le informa si su escuela está incorporada o no. La segunda tiene que ver con el Código Penal y es para tipificar como fraude con una sanción, es decir multa y pena, incluso privativa de la libertad dependiendo de la cantidad de dinero que les han cobrado a los padres de familia por esta educación que a nuestra vista ha sido fraudulenta”, detalló.
La propuesta fue respaldada por el secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes; el funcionario detalló que hay alrededor de 2,800 escuelas privadas a nivel estatal con Reconocimiento de Validez Oficial (Rvoe). Actualmente entre 15 y 20% de la educación estatal se ofrece en instituciones privadas.