Por Rodrigo Rivas
Para evitar mayores retrocesos en el derecho de acceso a la información, tras la extinción del Instituto de Transparencia, las reformas secundarías deben especificar puntos como las facultades e integración del Consejo Consultivo o que el órgano desconcentrado de la Contraloría estatal que asumirá las funciones de transparencia no esté anclado a la administración pública; comentaron especialistas que participaron en una mesa de revisión del tema. Otoniel Varas de Valdez González, especialista en el tema.
“En el catálogo donde aparecen las definiciones del e incluir lo que va a ser el consejo consultivo cómo se va a integrar este consejo consultivo las facultades que va a tener el consejo consultivo yo creo que en una manera de fortalecer al consejo consultivo al menos sus atribuciones generales tienen que venir en la ley que le soporte que al final le den todo el fundamento legal para entrar a actuar en lo inmediato”, dijo.
La académica, Marcela Aguilar Arévalo, coincidió en la importancia de la operación de consejos consultivos para vigilar, mejorar la gestión de archivos, la creación de una agencia digital y de protección de datos personales, además de fortalecer las políticas de parlamento abierto; entre otros.
En su intervención, César Omar Mora Pérez, académico UdeG, destacó que se debe asegurar la suficiencia presupuestal, que haya lineamientos claros sobre manejo de datos personales en todas las dependencias públicas; evaluaciones periódicas y puntuales.
Por su parte, Eliad López, consultor privado, hizo hincapié en políticas de máxima publicidad de la información pública y que no se abuse de la reserva de la información. La diputada Celenia Contreras González, que convocó a la mesa, refirió que continuarán con el análisis con la expectativa de poder incluir elementos de lo planteado por los especialistas.
Otros planteamientos de la mesa fueron revisar facultades e integración de los Comités de Transparencia, especificar los principios mínimos que deben tener los reglamentos municipales y de sujetos obligados para armonizarlos con la legislación de transparencia y también los plazos para que los aprueben; entre otros.
Además de considerar una defensoría especializada en defensa del derecho a la información y acompañar a los ciudadanos cuando necesiten inconformarse o presentar un amparo.