Por Rodrigo Rivas
Ha faltado voluntad política para votar la reforma con la que se busca sancionar prácticas en las que incurren constructoras que afectan a vecinos, señaló la diputada Mariana Casillas Guerrero, promotora de la modificación al Código Civil del Estado para que se considere como acoso inmobiliario acciones como la interrupción de servicios básicos, amenazas, hostigamiento, daños al patrimonio, además de cualquier práctica que vulnere el derecho humano a la vivienda adecuada.
“Ya se va a cumplir un año de qué presentamos una iniciativa que tiene que ver con el tema del acoso inmobiliario, esta iniciativa actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales. La discusión ya está sobre la mesa, lo que hace falta es una voluntad política profunda por parte de los diputados y diputadas para que esto salga de Comisiones y que podamos justamente empezar a darle garantías reales a las personas que viven en el Estado de Jalisco, de que pueden desarrollar su vida en casa en paz y en las colonias donde ellos prefieran”, expuso.
La reforma pendiente considera multas que van de 5,865 a 11,731 pesos y en los casos donde haya hostigamiento 23,462 pesos; además de la posibilidad de proceder por la vía penal en caso de que hay algún delito. Por su parte, el arquitecto Rafel Orta, que ha acompañado a vecinos afectados, comentó que falta actualizar los reglamentos de construcción vigentes para proteger a los habitantes ante las construcciones nuevas y su impacto en la calidad de vida.