Por Rodrigo Rivas
Con la intención de establecer en la ley criterios para que el transporte público sea un derecho garantizado por el Estado, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, anunció la realización de foros de parlamento abierto para elaborar una iniciativa sobre el tema. La legisladora consideró indispensable incluir factores como la realidad económica de los usuarios.
“Y en promedio las familias destinan hasta el 20% de sus ingresos mensuales para moverse. Que la tarifa del transporte público considere el costo de los productos de consumo, que también contemplaría la inflación, los niveles de pobreza y cuánto gastan las familias en sus traslados. Una reforma a la ley que nos permita tener esto siempre bien en cuenta, la movilidad es un derecho y no debería seguir siendo un negocio para un sector muy pequeño de la población”, expuso.
Añadió que es necesario que el Comité Técnico Tarifario tenga mayor representatividad de usuarios y no esté integrado a modo del gobierno estatal y concesionarios. Llamó a la Comisión de Movilidad a dictaminar iniciativas presentadas sobre el tema. La diputada dijo que es cuestionable que según las mediciones oficiales la calificación al transporte público mejoró, pero usuarios con los que ha dialogado tienen otros datos.
Sobre el tema, Daniela Sánchez Estrada, de la asociación civil Caminatorio, coincidió en que la tarifa debe haber justicia social y debe considerar la economía de las personas usuarias y que no haya inequidad.
Por su parte, Yeriel Salcedo Torres, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, planteó que las autoridades deben hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar el uso de transporte, que haya mejor calidad y un servicio público eficiente.