Por Rodrigo Rivas Uribe
Para que el retiro injustificado de fichas de búsqueda sea considerado un delito, el diputado Alejandro Puerto Covarrubias, presentó iniciativas de reforma entre las que plantea incluir en el Código Penal estatal el delito de obstrucción a labores de búsqueda.
Se propone que la sanción sea de 6 meses a 3 años de prisión y multa de hasta 56,700 pesos. Si quien comete el delito es un servidor público, también le aplicarían la destitución del cargo e inhabilitación por 5 años para desempeñar otro cargo público.
“Los objetivos de estas iniciativas son proteger la búsqueda de personas como bien jurídico colectivo, tipificar como delito el retiro injustificado de fichas de búsqueda; incluyendo también en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco que las fichas de búsqueda no podrán ser removidas o destruidas, sin una resolución fundada que garantice el derecho a la verdad”, detalló.
Las iniciativas se remitieron a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Justicia para su análisis y dictaminación.
Por otra parte, el Congreso estatal aprobó un exhorto a los 125 municipios para que garanticen que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, pegadas por colectivos de búsqueda, nunca sean ocultas o removidas por servidores públicos municipales.
En otro acuerdo legislativo, se solicitó a los gobiernos municipales que, no cuenten con su respectiva Cédula de Búsqueda Municipal, implementen las medidas necesarias para la operación de su respectiva Cédula conforme a lo establecido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado.