Por Haremy Reyes
Las asociaciones AGRÚAS, AGRUJAL y CONATRAM presentaron una denuncia formal ante la Contraloría del Estado de Jalisco por presuntos actos de corrupción y abuso de funciones en la operación de grúas irregulares durante la gestión del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.
En el documento, dirigido a la contralora María Teresa Brito Serrano, se señalan faltas administrativas graves y no graves que podrían derivar en la destitución e inhabilitación de funcionarios de la Secretaría de Transporte. Las organizaciones denunciantes acusan la existencia de una red que ha permitido la operación de grúas sin autorización ni condiciones técnicas, además de prácticas como extorsiones, cobros indebidos y asignación discrecional de servicios.
De acuerdo con el gremio, desde hace siete años la dependencia ha sido permisiva con unidades “pirata”, lo que ha derivado en competencia desleal y abusos hacia automovilistas. También denunciaron que, pese a la creación de una Cabina Única de Asignación, el secretario habría permitido que agentes viales designen servicios de forma discrecional.
Entre los señalamientos destacan:
- Asignación de turnos a grúas no autorizadas.
- Corrupción en el rol de asignación, mediante sobornos a servidores públicos.
- Cobros excesivos e injustificados a los propietarios de vehículos.
- Retiros indebidos de automóviles en zonas no permitidas.
- Violaciones a derechos de los ciudadanos, al dificultar la recuperación de sus unidades o provocar daños por falta de condiciones técnicas.
Las asociaciones recordaron que desde 2019 informaron a Monraz Villaseñor sobre estas irregularidades y entregaron más de 20 escritos a distintas autoridades, sin que hasta ahora existan resultados tangibles.
Asimismo, acusaron que la Secretaría de Transporte ha autorizado cerca de 150 permisos irregulares, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado, contraviniendo la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y la Norma General Técnica del servicio de grúas.
Las organizaciones advirtieron que darán seguimiento puntual a la investigación de la Contraloría y reiteraron que la problemática no solo afecta al sector transportista, sino también al patrimonio de la ciudadanía, al permitir que grúas sin condiciones técnicas realicen traslados ordenados por la autoridad.