Por Rodrigo Rivas Uribe
Para que sea obligatorio que funcionarios públicos se realicen exámenes antidopaje semestralmente, la diputada, Yussara Canales González, presentó iniciativa de reforma en la que plantea que servidores públicos de elección popular como gobernador, diputadas y diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores; deban someterse a exámenes toxicológicos de manera periódica. La legisladora argumentó que la intención es recuperar la confianza ciudadana.
“No se trata de una ocurrencia se trata de un acto de congruencia, si ha policías, soldados y funcionarios de seguridad; les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicos ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto? ¿por qué quienes aprobamos las leyes, presupuestos y políticas públicas, no habrían de demostrar que están en condiciones plenas físicas y mentales para ejercer su responsabilidad?”, expuso.
La iniciativa considera reformas a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado. Se establece que negarse a realizar la prueba o dar positivo al consumo de drogas será considerado una falta administrativa.
Agregó que Estados como Baja California los servidores públicos de primer nivel deben realizarse pruebas antidopaje anualmente, y en Coahuila alcaldes y sus gabinetes se sometieron públicamente a estas evaluaciones. Se precisó que las pruebas serían costeadas con recursos propios de cada servidor público, sin representar gasto alguno para el erario.