Por Rodrigo Rivas
Para analizar una nueva Ley de Atención a Víctimas se realizó una mesa de trabajo en el Congreso estatal en la que participaron representantes de colectivos y funcionarios estatales. Expusieron objetivos como garantizar que las víctimas en el centro de las políticas públicas, que haya una atención efectiva, oportuna e integral. Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), destacó que la estructura actual de atención a víctimas está en crisis.
“Garantizar mecanismos efectivos de participación es fundamental. El sistema de atención a víctimas atraviesa una crisis estructural, no se trata de fallas aisladas, se trata de un diseño institucional que no garantiza autonomía, que concentra decisiones, que depende financieramente del Ejecutivo y que en consecuencia limita el acceso efectivo a la verdad a la justicia y a la reparación integral”, expuso.
La activista lamentó que en la mesa de revisión no se haya incluido a personas o especialistas desde las regiones estatales y sumar más voces a la discusión de la propuesta. Insistieron en garantizar independencia técnica y autonomía de las áreas encargadas de la atención a víctimas, la creación de la Junta de Gobierno con integración plural y voto efectivo de cuatro personas representantes de colectivos de víctimas, que haya sesiones trimestrales obligatorias de la Junta, entre otras medias.
También se sugirió el fortalecimiento institucional y la descentralización, agilizar la aplicación de mecanismos de reparación integral, tutelar los derechos a la verdad, la memoria y la protección de víctimas y personas buscadoras. Plantearon convertir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en un organismo público descentralizado, con mayor autonomía técnica y capacidad operativa, abrir espacios de participación directa para víctimas y academia en la toma de decisiones. Además de mejorar el acceso territorial, la eficiencia en la atención y la legitimidad institucional.
En su intervención, el diputado Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, destacó que la atención a las víctimas es un compromiso ético del Estado y que debe tener como eje la dignidad humana y la garantía efectiva de derechos; además de armonizar la legislación local con la Ley General de Víctimas para evitar vacíos normativos y fortalecer el acceso real a la justicia y a la reparación integral.