En el complejo penitenciario de Puente Grande hay personas privadas de su libertad que pertenecen a pueblos originarios y que no deberían estar ahí. Brenda Calderón Elizondo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Originarios de Jalisco, informó que de las decenas de injusticias que existen, esta agrupación defiende a dos presos de la etnia wixaritari, que están detenidos por delitos menores y que están tras las rejas únicamente porque no tienen un abogado defensor y un traductor de su lengua nativa.
“Aquí en Jalisco tenemos muchos migrantes de diferentes estados de la república y que por delitos menores son privados de la libertad. Hay hermanos wixárikas, nahuas, de diferentes etnias y una de las problemáticas precisamente es la falta de personas que tengan la capacidad o el conocimiento en la lengua autóctona”, explicó.
La organización de la sociedad civil anunció que, con el apoyo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a partir de julio, van a asumir la defensa de más presos que deberían seguir sus procesos en libertad, y que no salen libres porque pertenecen a etnias locales o que son migrantes de estados como Oaxaca, Querétaro o Hidalgo.
Elizabeth Rivera Avelar.