Por Elizabeth Rivera Avelar
El colectivo Luz de Esperanza, Desaparecidos Jalisco A.C., expresó su rotunda desaprobación ante la decisión del Congreso del Estado de Jalisco de establecer la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
El secretario general de la asociación, Héctor flores González criticó que la iniciativa, fuera aprobada de manera apresurada, lo que dijo refleja una clara imposición al no considerar las propuestas y exigencias de las familias que llevan años pidiendo fiscalías especializadas y constituye un botón de muestra de cómo se manejaron los el poderes Legislativo y ejecutivo durante el sexenio.
“Vemos cómo ciertos temas, y solo los que ellos presentan, tienen interés para el Congreso. Es una pena, una lástima. Todo lo que vivimos las familias que tenemos a una persona desaparecida se nos complica más. Los temas no se refuerzan y las instituciones con las que contamos siguen siendo impuestas. No tenemos palabras para expresar realmente cómo nos sentimos. La lucha sigue, y vamos a agotar, como siempre, todos los recursos legales para el bien de todas las familias”, apuntó.
Señalan que la implementación de esta secretaría añade complejidad burocrática, sin haber contado con la participación de las familias en su estructuración.
“Reiteramos que la solución debe partir desde las familias y por las familias víctimas de la violencia de desaparición forzada”, enfatizó Luz de Esperanza.
Héctor Flores González, secretario general de Luz de Esperanza, lamenta la falta de inclusión de las voces de las familias en este proceso:
“Nunca se llamó a los colectivos a las familias, nunca se mostraron resultados o algún dictamen sobre la cual basaran esta iniciativa”.
Las familias organizadas reafirman su demanda de ser incluidas y de tener voz en el proceso de búsqueda de sus seres queridos.
“Las familias organizadas pedimos que se nos incluya y se nos dé voz y participación en la búsqueda de nuestros hijos, hijas y familiares”, insisten.
Aunque esta iniciativa se aprobó con la promesa de constituir un avance en la búsqueda de personas desaparecidas, se percibe un distanciamiento crítico del compromiso inicial de crear fiscalías especializadas y autónomas, esenciales para las familias afectadas por la desaparición forzada.