México se posiciona en el cuarto lugar a nivel global de los países más peligrosos para activistas y defensores del medio ambiente

Foto: Polemón

Organizaciones de la sociedad civil demandaron este miércoles que durante 2018, México ocupó el cuarto lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente con 14 asesinatos, y aseguran que en lo que va de 2019, ya se ubica en sexto lugar también con 14 víctimas.

En conferencia de prensa y con base en un informe de Global Witness, activistas dijeron que México se ubicó nuevamente entre los 10 países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente.

“Una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo en la región, que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos sin mecanismos efectivos de protección”.

La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Modcaf), la Red Indígena de Turismo de México (RITA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace, destacaron que en la mayoría de los conflictos territoriales, los derechos de los pueblos indígenas se ven amenazados y confrontados con intereses privados con autorización de los gobiernos.

De acuerdo con el informe, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca que sumó 4 víctimas; Puebla con 3; así como Chihuahua y Michoacán con 2 casos cada uno; y Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso.

Otro aspecto que destacaron las organizaciones fue que 11 de las 14 personas defensoras asesinadas, son de origen indígena “por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen”, principalmente contra proyectos mineros, tala clandestina y proyectos hidroeléctricos.

Desde las organizaciones civiles, hicieron un llamado tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como al poder legislativo para que diseñen políticas y mecanismos de prevención contra la criminalización a este sector de activistas.

Asimismo solicitaron acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú; reconocer la labor de los defensores ambientales; eliminar del discurso mensajes que descalifican y estigmatizan el trabajo de defensores y periodistas; y respetar el derecho de los pueblos indígenas a consultas libres, previas e informadas.

Finalmente solicitaron a los gobierno estatales con asesinatos de defensores, hacer justicia por cada caso y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

 

Con información de SDP Noticias.