La Asociación México, ¿cómo vamos? fijó una postura respecto al paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 5 de febrero, y subrayó que los programas públicos sin recursos presupuestales no son viables.
México, ¿cómo vamos? señaló que las reformas de esta magnitud requieren recursos públicos para poder convertirse en políticas públicas. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo Federal debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de cada una de las iniciativas que presente al Congreso. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), no se encontraron dichas evaluaciones en las iniciativas presentadas.
El organismo celebró que el discurso enfatice la importancia de derechos fundamentales para el progreso social, como son: la atención médica universal y gratuita, el derecho a la alimentación, vivienda, educación, medio ambiente sano y agua.
Destacó la ausencia de una reforma que fortalezca la seguridad pública con mando civil y que esté fundamentada en la protección de los derechos humanos y enfocada en disminuir la violencia, tal como fue el compromiso de campaña de López Obrador desde hace 6 años, y como quedó en la exposición de motivos de la reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional.
Sobre la eliminación de órganos autónomos reguladores y el Coneval, consideraron que la eliminación de contrapesos institucionales merma la calidad de la democracia mexicana, habilita la mayor presencia de conflictos de interés y disminuye la competencia económica en detrimento del bienestar de la población.
Advirtió que si desaparecen los órganos autónomos, el gobierno se convierte en un ente regulador, el ejecutor del presupuesto público y en algunos casos también un competidor. En ese caso, su labor carecería de autonomía, imposibilitando el cumplimiento del mandato que ahora tienen los organismos autónomos. En otras palabras, sería equivalente a ser juez y parte, lo cual dijo tiene las siguientes implicaciones:
○ No se puede garantizar la transparencia de la información pública, el acceso a la información y a la protección de datos personales en manos del gobierno y de privados, si desaparece el INAI.
○ No se puede garantizar el eficiente desarrollo de mercados y la promoción de la libre competencia si desaparecen la COFECE y el IFT.
○ No se puede evaluar objetivamente el impacto de los programas sociales y estimar los distintos tipos de pobreza si desaparece el CONEVAL. En su caso, no basta con asignar más recursos adicionales al INEGI para que realice las labores del CONEVAL, sino que debiera revisarse el mandato y diseño institucional del Instituto.
○ Si desaparecen la CRE y la CNH, el mercado energético podría enfrentar retos que mermaron el crecimiento del país. Ambos son reguladores que requieren de un alto conocimiento técnico y de autonomía en sus decisiones, así como independencia de las agendas políticas de corto plazo.
México, ¿cómo vamos? demandó una reforma de pensiones que sea incluyente y sostenible en el tiempo es algo deseable para promover la autonomía financiera de las personas en la tercera edad. Eso solo es viable si se enfocan esfuerzos en aumentar la formalidad del mercado laboral mexicano y la participación laboral de las mujeres. Solo con más empleo formal, con prestaciones y seguridad social, las y los trabajadores podrán tener acceso a una pensión contributiva. Actualmente únicamente 4 de cada 10 mexicanos de 18 a 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE.
Agregó que los reportes de finanzas públicas de la SHCP muestran que no hay suficientes recursos públicos para financiar infraestructura pública clave para que México sea más próspero. La CFE, en particular, no cuenta con los recursos financieros y técnicos suficientes para proveer la energía que México necesita.
Recordó que en México, 67.6% de la población tiene una percepción de corrupción en las instituciones que imparten justicia, por lo que indicó el fortalecimiento del sistema de justicia y de las instituciones de impartición de la misma es un gran pendiente. Sin embargo, dijo la solución no radica en cuestionar el método de elección de ministros, jueces y magistrados.
El organismo de la sociedad civil sostuvo que la iniciativa sobre el uso del agua minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional y no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua.
Elizabeth Rivera Avelar