Por Elizabeth Rivera Avelar
El Colectivo Luz de Esperanza expresó descontento ante el nombramiento de Edna Montoya como la nueva titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas por parte del Gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. La organización lamenta que este anuncio se haya realizado sin una consulta previa con las familias de personas desaparecidas, pusieron en tela de juicio el enfoque y perfil de la designada, que consideran más centrado en tareas de espionaje que en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
“Entendemos que también en esta Secretaría habrá temas de inteligencia y viendo el perfil lo único que se puede observar es que perteneció al CISEN, temas de inteligencia, de espionaje, etcétera, un perfil también pues alejado del tema de la búsqueda de personas. Lamentamos nuevamente este tipo de situaciones que nos muestran cómo va a ser la próxima administración con imposiciones y con diálogos disfrazados”, anotó.
Héctor Flores, secretario general de Luz de Esperanza, cuestionó abiertamente la falta de diálogo verdadero con los familiares afectados y expresó preocupación de que esta actitud pueda reflejar las posibles dinámicas de la futura administración. Flores indicó que parece prevalecer una tendencia hacia la imposición de decisiones por parte del siguiente títular del Poder Ejecutivo estatal, en lugar de la colaboración significativa con las familias.
La organización enfatizó la importancia de que las familias y colectivos tengan una participación activa en los procesos relacionados con la crisis de desapariciones que azota el estado de Jalisco. Destacaron que esta Secretaría fue creada sin la representación de las víctimas indirectas, lo que consideran una omisión significativa que debe ser rectificada.
Aunque el Colectivo Luz de Esperanza espera establecer un diálogo en reuniones futuras con el gobernador electo, mantienen un escepticismo cauteloso respecto a si las preocupaciones de las familias serán realmente escuchadas y atendidas. Manifiestan que la situación actual demanda que aquellos que sufren directamente las consecuencias de esta crisis humanitaria sean considerados en las decisiones gubernamentales pertinentes.