Por Elizabeth Rivera
El Gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, no ha contactado a todos los colectivos de personas desaparecidas, refirió el secretario de la asociación Luz de Esperanza, Héctor Flores, para abordar el tema de su inconformidad con respecto a la nueva Secretaría de Búsqueda de personas.
“No, nos han contactado. Lo que sabemos es gracias a ustedes, los medios y a las redes sociales, donde comenta que va a llamar a los medios. Nosotros no hemos tenido ningún acercamiento y si lo tenemos no va a ser para legitimizar su secretaría, sino para exigir lo que nosotros sentimos que es lo que necesitamos: una fiscalía especializada, mayor presupuesto y personal en las diferentes comisiones tanto de búsqueda como de atención a víctimas, el SEMEFO, para atender la crisis forense que es terrible”, anotó.
La falta de una respuesta formal de Pablo Lemus es un tema de preocupación. Luz de Esperanza manifestó que cualquier acercamiento futuro debe enfocarse en las necesidades reales de las familias, como una mayor asignación presupuestaria y personal adecuado en comisiones de búsqueda y atención a víctimas, en vez de simplemente legitimar una nueva estructura burocrática.
Flores González enfatizó la urgencia de cumplir con la legislación vigente, destacó la necesidad de establecer una fiscalía especializada en personas desaparecidas para abordar eficazmente la crisis forense que enfrenta el estado, recordó que él presentó una iniciativa que hoy está en la congeladora.
Además, criticó la aprobación de iniciativas en el Congreso del Estado sin la participación de las familias afectadas, y recalcó la importancia de trabajar en conjunto con ellas, no solo para validar “reformas burocráticas”.
Flores llamó a los nuevos legisladores a romper con el enfoque actual, al que calificó de “imposición y simulación”. La organización insiste en la creación de una fiscalía autónoma, independiente del control del Ejecutivo estatal, para garantizar investigaciones efectivas y transparentes, algo que no se ha logrado hasta ahora debido a la falta de autonomía de las instancias investigadoras.
El colectivo espera un cambio en la política estatal para que los derechos humanos y las necesidades de las víctimas sean una prioridad auténtica, con la participación activa de todos los sectores afectados y la sociedad en general, pues consideran que una fiscalía especializada independiente es crucial para asegurar el respeto y la justicia en estos casos tan delicados.