Por Rodrigo Rivas
Enmarcado en el silencio institucional que mantiene Cipriano Manzanilla Aznárez, desde el inicio de su gestión como fiscal anticorrupción, entró en vigor el Plan Institucional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El documento de 36 hojas se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 28 de marzo, fue elaborado y está firmado por anterior fiscal Gerardo de la Cruz Tovar.
Se especifica que el Plan Institucional representa el compromiso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con una gestión estratégica, participativa y transparente. Su implementación será clave para favorecer el Estado de Derecho, consolidad una cultura de legalidad y responder a la exigencia ciudadana de vivir en un entrono libre de corrupción.
Marcan como una prioridad fortalecer la cultura de denuncia y la protección de denunciantes, trasparentar los indicadores de desempeño y aprovechar la analítica para priorizar casos de alto impacto. En el plan refieren que la lucha contra la corrupción requiere instituciones sólidas y autónomas, además de una planeación estratégica que integre la participación ciudadana.
Como objetivos institucionales establecen incrementar la resolución de carpetas de investigación mediante la priorización de casos, planes de investigación y litigación estratégica. Poner enfoque en las víctimas, debido proceso y derechos humanos. Implementar programas de prevención y combate a los delitos de corrupción en Jalisco, fortalecer la cultura de la transparencia, protección de datos personales y la gestión archivística. Mejorar la efectividad de los actos de investigación mediante la coordinación temprana con la policía investigadora, uso adecuado de medios alternos con enfoque en atención a las víctimas.
Como fortalezas de la dependencia refieren: autonomía institucional, capacidad técnica especializada del personal ministerial, pericial y policial; presencia territorial estratégica con las oficinas regionales; conocimiento y reconocimiento ciudadano sobre existencia de la Fiscalía.
Entre las debilidades institucionales advierten: insuficiencia de recursos financieros para cubrir las necesidades operativas; estructura organizacional insuficiente; inexperiencia o limitada capacitación en asuntos especializados; deficiente comunicación y coordinación internas que puede generar duplicidad de esfuerzos, retrasos en la toma de decisiones y falta de alineación entre las estrategias de vinculación y gestión administrativa.
Como oportunidades establecen: respaldo social creciente a las políticas y acciones de combate a la corrupción; obligatoriedad legal de colaboración entre instancias de fiscalización, control interno, auditoría y procuración de justicia. Presencia y articulación de organismos públicos y de la sociedad civil que trabaja en temas de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Firma de convenios de colaboración con instituciones educativas, organizaciones civiles y sector privador para desarrollar programas de formación, investigación aplicada y promoción de la cultura de la legalidad y la integridad pública.
Destacan como amenazas: la falta de cultura anticorrupción en la sociedad, alta burocracia en los procesos administrativos, falta de credibilidad en la impartición de justicia y cambios frecuentes en las prioridades política.
En el área administrativa reportan que la Fiscalía cuenta con 117 servidores públicos, 112 son de confianza y 5 de base. En las plazas de confianza 66 son hombres y 46 mujeres. Las 5 plazas de base son hombres. Los salarios van de 18,354 a los 25,729 pesos. El presupuesto de la Fiscalía ha pasado de 60.9 millones a 78.9 en los poco más de 7 años de sus operaciones.
La Fiscalía tiene oficinas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán; todas las instalaciones son rentadas. En cuanto a parque vehicular tiene 38 unidades, sostienen que se garantiza la movilidad institucional necesaria para el cumplimiento de las diligencias, comisiones oficiales y actividades propias de las áreas sustantivas y de apoyo.