Por Rodrigo Rivas
La operación del escuadrón verde y la aplicación de multas por no verificar es una medida injusta que no considera el contexto social, sostuvo la diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, subrayó que la medida podría responder a la presión de los inversores privados que tienen la concesión de los centros de verificación que estarían reportando pérdidas por la baja respuesta que ha tenido el programa de verificación.
“A nuestro parecer sinceramente lo que vemos desde Futuro es que es una presión de los privados, que están a cargo de los centros de verificación, que quieren que les pague lo que les deben desde 2019. El contrato que se hizo con estos privados, dueños de los centros de verificación, fue un ganan ellos y el Estado pierde. La iniciativa que nosotros presentamos ya es que el Estado se pueda hacer cargo de ese pago, incluso con la relación con los privados, incluso el Estado podría dar una gratuidad a la población”, expuso.
La legisladora cuestionó el trabajo hecho por la Fiscalía Anticorrupción en la carpeta de investigación por la denuncia que presentó por presuntos pagos indebidos del gobierno estatal a los proveedores de la verificación.
Militantes del partido Futuro denunciaron que el gobierno estatal habría hecho pagos fuera de contrato a proveedores del programa; aseveraron que en el primer semestre del 2023 se transfirió a los inversores privados 104 millones de pesos, cuando por contrato el monto máximo era de 67 millones.