La madre de cinco hijos desaparecidos, María Guadalupe Camarena, denunció que el proceso penal en contra de los cinco policías municipales de Ocotlán, que presuntamente participaron en la desaparición forzada de los hermanos Camarena, se está obstaculizando y en cuatro ocasiones el Juez de Control y Enjuiciamiento Oral ha pospuesto la audiencia. Esto ha prolongado e intensificado el dolor y angustia de la familia Camarena, quienes observan con preocupación e incertidumbre la posibilidad de que las autoridades garanticen su derecho a la justicia.
“Para mí pues es angustia, porque pienso que quieren hacer algo mal, necesito yo que ya se haga algo serio, porque no sé por qué razón me las están cancelando y alargando. Esto no puede ser porque en cada audiencia, si supieran cómo se siente uno, se siente morir, de ver esos policías que me desaparecieron a mis hijos, de estarlos viendo se siente una desesperación, una impotencia, que la verdad no se puede. Pero tengo que seguir adelante, hasta saber dónde están mis hijos, no me importa encontrarlos como estén, lo que quiero es traerlos a casa”, expresó.
En un acto de descarada insensibilidad, el juzgado programó como nueva fecha para la audiencia el 10 de mayo, Día de las Madres.
Los hijos de Guadalupe Camarena que están desaparecidos, son: Lucero, José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo.
Lucero, de 26 años de edad, desapareció el 6 de junio de 2016, un par de hombres la subieron contra su voluntad a una camioneta gris, tipo Mitsubishi, en los cruces de la carretera a Chapala y avenida Periférico Sur, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Los varones fueron desaparecidos por policías municipales de Ocotlán, Jalisco, el 19 de enero de 2019.
El juicio que se ha postergando es por la desaparición forzada de José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena, quienes fueron detenidos de manera arbitraria y posteriormente desaparecidos por los elementos municipales.
Dicho proceso penal que inició el 17 de abril de 2021, con la vinculación a proceso de dos de cinco ex policías que se consideran probables responsables de la desaparición de los cuatro hermanos Camarena, se ha desarrollado de manera lenta debido a las múltiples acciones llevadas a cabo por sus abogados defensores, que parece ser que tienen como objetivo dilatar el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia y obstaculizar la continuación del procedimiento penal. Cabe señalar que dicha audiencia es fundamental para el análisis de las pruebas, que sostienen la acusación de la Fiscalía del Estado de Jalisco en contra de los dos probables responsables.
Desde octubre de 2022, mediante solicitudes de cambio de fechas de la audiencia, se ha congelado por completo el avance de la etapa intermedia del proceso. En 2022 intentaron reprogramar la audiencia, designando las fechas del 14 de octubre y 8 de diciembre, así como en 2023 el 23 de febrero y 12 de abril.
Para avisar sobre el cambio de fecha de la audiencia programada para el 12 de abril, personal del Juzgado de Control y Oralidad, con sede en Ocotlán, vía telefónica informó al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) un día antes de la audiencia prevista, que los abogados defensores de los ex policías se negaron a presentarse en la fecha programada, bajo el argumento de que no fueron legalmente notificados de la misma. En respuesta, dicho Juzgado programó como nueva fecha para la audiencia el 10 de mayo de 2023, posponiendo un mes más el proceso.
La asociación del CEPAD señaló que causa preocupación el rol que ha tenido el Poder Judicial del Estado de Jalisco, y en lo particular del Juzgado de Control y Oralidad, con sede en Ocotlán, durante este procedimiento penal, debido a su falta de impulso para que se lleve a cabo la etapa intermedia de manera pronta y expedita, tomando así una postura pasiva y despreocupada ante las prácticas dilatorias en impartición de justicia.
“Cabe señalar que estas acciones de alargar discrecionalmente el proceso penal no son una situación aislada, debido a que ocurren en un contexto de impunidad más amplio en el estado de Jalisco. La cancelación de audiencias por parte del Poder Judicial se ha convertido en una práctica común y generalizada que retrasa de manera indefinida el acceso a la justicia y que resulta violatoria a los derechos humanos y derechos de las víctimas. Esta situación se agrava con delitos en materia de desaparición de personas, en donde se considera necesaria la aplicación de los principios previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, tales como el de máxima protección, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado, así como un enfoque humanitario. Para la familia Camarena, la tortuosa espera para el desarrollo del proceso penal ha ocasionado severos impactos en su salud física y emocional, que se suman al sufrimiento de no obtener respuestas ni avances sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, manifestó el centro en un comunicado.
Agregaron que lo anterior se suma a otras irregularidades ya señaladas de manera pública, como la pérdida de documentos proporcionados por el CEPAD, en calidad de asesores jurídicos de la familia Camarena y que la designación de la audiencia es en el día de las madres, fecha en la que familiares de personas desaparecidas realizan marchas y protestas para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, así como la garantía de sus derechos a la verdad y a la justicia, demostrando un alto grado de insensibilidad e indolencia de parte del Juzgado.
Mediante un comunicado, la familia de los hermanos Camarena y el CEPAD, solicitaron al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y particularmente al Juzgado de Control y Oralidad, que generen las medidas necesarias para que celebre la audiencia de manera oportuna y expedita, evitando que se siga prolongando indefinidamente el proceso penal. Además, exigieron que cesen las malas prácticas que han sucedido durante el desarrollo del proceso penal, a fin de que sean garantizados los principios de concentración, continuidad y del debido proceso contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los que contempla la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como el respeto de los derechos humanos y derechos de las víctimas.
Elizabeth Rivera Avelar