Por Rodrigo Rivas
El aumento de la tarifa del transporte urbano a 11 pesos entra en vigor sin aclarar dudas sobre el compromiso de mejoras y del financiamiento del subsidio que se entregará, comentó Katia Hernández, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.
“No exime de exigir claridad sobre lo que aún no se ha explicado, cuál es el costo real de operación por viaje que justifica la tarifa de 11 pesos, cuánto suma el subsidio total para 2026, de qué partida presupuestal sale y qué mecanismos de auditoría lo vigilarán, cómo se garantizará que ese subsidio se refleje en mejoras verificables del servicio y no sólo en compensar la diferencia tarifaria a los concesionarios. Sin esas respuestas no hay forma de evaluar si el dinero público se usará bien, ni si la ciudadanía está mejor protegida hoy que ayer”, cuestionó.
La activista comentó que persisten deudas estructurales como la calidad del servicio, las condiciones, frecuencia y auditorías técnicas, capacitación de operadores, el mantenimiento preventivo verificable y revisión de las concesiones. Elementos que fueron establecidos como obligación desde 2014 y reiterados en 2019 y no se han acreditado públicamente.
Añadió que haber suprimido la obligatoriedad de la tarjeta única para condicionar el transporte público fue sólo un paso y no resuelve el problema de la mala calidad de servicio del trasporte urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara