En Jalisco ni el 1% de las más de 60 quejas que se han presentado en Materia de Violencia Política en Razón de Género, registradas de 2018 a 2023, llegaron a una sentencia emitida, reportaron Integrantes del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La académica, Yoloxochitl Corona manifestó que la mayoría de las instancias no están preparadas para recibir las denuncias y analizarlas con la perspectiva de género necesaria y no todas las mujeres tienen la oportunidad de denunciar porque no cuentan con información redes de apoyo y acceso a las instituciones de forma amigable y sencilla.
“En aquellos casos que sí llegan a los tribunales observamos que también hay algo que está pasando ahí que muchas de las denuncias se están desestimando, entonces aquí hay un entramado complejo que hace que sí efectivamente en la realidad observemos que es un fenómeno muy repandido, en las quejas observamos que hay decenas, y en las sentencias observamos que hay muy pocas”, expresó.
En los últimos seis años en la entidad se han presentado 11 sentencias en materia de Violencia Política en Razón de Género. En 2018, 2019 y 2020 se emitió una sentencia en cada año, sentencias dieron en 2021, en 2022 fueron 2 y en 2023 no ha habido ninguna.
De las sentencias giradas, 3 fueron por hechos ocurridos en Puerto Vallarta, 2 de Tlaquepaque y en Guadalajara, Zapotlán, Tlajomulco y Sayula se dieron una en cada municipio, la integrante del Observatorio, Sandra Martínez, manifestó que “Puerto Vallarta continúa siendo el municipio líder en violencia política contra las mujeres”.
La investigadora agregó que 55% de las denunciantes son regidoras, 36% candidatas y 9% diputadas. Destacó que 55% de las denuncias presentadas fueron por divulgar imágenes, mensajes o información privada de las mujeres candidatas o funcionarias.
“Hay estados como Oaxaca, como Veracruz, que ya tienen más de 10 sentencias, obviamente estamos como los de los estados que tienen menos sentencias, el hecho de que no haya sentencias no significa que tengamos una prevalencia menor de violencia, al contrario en uno de los datos también que el Instituto Electoral ha proporcionado nos habla de 60 denuncias entre el proceso electoral 2021 a julio de 2022 y señalan que de esas 60 denuncias solo tres pasaron a ser una sentencia”, indicó Sandra Martínez, integrante del Observatorio.
De las 11 sentencias emitidas cuatro fueron por quejas interpuestas por mujeres candidatas a un cargo público, el resto, 7 sentencias fueron presentadas presentadas por mujeres en el ejercicio de un cargo público.
De las 11 personas sentenciadas, 10 fueron hombres y hubo un medio de comunicación y una mujer, de estas 37% son periodistas y 36% son presidentes o presidentes municipales. De las 11 sentencias, sólo 4 acusados entraron al Registro de Personas Sentenciadas, 3 se desempeñan profesionalmente en medios de comunicación.
Las sanciones que se aplicaron en las sentencias fueron una multa por 5,077 y otra por 13,443 pesos.
Sandra Martínez recordó que hay dos elementos básicos para determinar que se está ejerciendo violencia política: uno es obstaculizar el ejercicio de un derecho político o electoral, y el otro que la acción tenga elementos de género que esté basado en estereotipos, en prejuicios o cualquier idea o creencia que invaliden la posición de las mujeres en el ámbito político.
La presidenta del Observatorio Político Electoral, Mónica Montaño Reyes resaltó que “urge establecer una cultura de denuncia”, además dijo se requiere capacitación e interiorización de los elementos políticos y de estereotipos de género, para erradicar la violencia política.
Elizabeth Rivera Avelar