Por Elizabeth Rivera Avelar
En un foro organizado por colectivos y organizaciones civiles, se destacó la urgente necesidad de integrar a las familias en cualquier política o modelo de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Esto ante el inminente cambio en los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado. Alejandrina Maciel Carbajal, una de las participantes, subrayó la importancia de este enfoque familiar en las estrategias futuras.
“La búsqueda de nuestras personas desaparecidas no es moneda de cambio, quien tenga esa ruin y perversa idea que vaya desistiendo de ella porque no lo vamos a permitir, sabemos que los diferentes mecanismos normas y estructuras de búsqueda tienen que cambiar, pero primero se tienen que revisar y evaluar todo ello con la participación de los colectivos de búsqueda porque nada sin los colectivos va a funcionar, repetimos y aclaramos para el Gobierno entrante con la participación de los colectivos de búsqueda todo, sin la participación de los colectivos de búsqueda nada”, expresó Alejandrina.
Agregaron que en el contexto actual, los colectivos de búsqueda continúan sus labores con escasa ayuda oficial para localizar a los miles de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes, que siguen siendo víctimas de la violencia. Señalaron que a medida que se aproxima el fin del mandato del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, las promesas sobre los derechos humanos y la búsqueda de personas dejan mucho por cumplir, una realidad que sigue pesando sobre la población de Jalisco.
En el foro participaron asociaciones como: Luz de Esperanza, Brigada Ignacio Martín— Baro, Justicia para el Pueblo y Red Antimonumento 5J.
Con el término próximo de la administración de Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, indicaron que los problemas sociales en Jalisco han aumentado. A pesar de que el gobierno actual presume de logros en diversas áreas bajo el lema “Primero Jalisco”, sostienen que los ciudadanos enfrentan una crisis humanitaria evidente debido al elevado número de personas desaparecidas.
Manifiestan que además de la crisis humanitaria, Jalisco enfrenta desafíos ambientales y sociales, resultado del saqueo de décadas que, según los críticos, se ha intensificado durante la administración de Movimiento Ciudadano. Entre las acusaciones destacan el mal manejo de los recursos públicos, favoreciendo eventos deportivos y empresas cercanas al grupo en el poder.
En cuanto al uso de los recursos, la implementación de leyes como la verificación vehicular, que se había prometido no aplicar, dicen que ha generado controversia, ya que perciben como una “medida impopular y potencialmente inconstitucional”.