• Sáb. Abr 27th, 2024

DIF estatal debe tener mayores atribuciones de protección para adultos mayores

Por Haremy Reyes

Ante la desaparición del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y por considerar que las personas mayores de 60 años son altamente vulnerables de abusos incluso en las propias familias, la regidora de Morena en Tonalá, Liliana Olea propuso una reforma para que el DIF estatal pueda emitir medidas de protección. 

“Lo lamentable no es que este órgano dejara de operar, sino que no creó uno similar que atendiera a este sector en la defensa de sus derechos, en ese sentido, es que propongo la modificación del artículo 35 y adición de los artículos 35 bis para el desarrollo integral del adulto mayor del estado de Jalisco, que tiene como finalidad facultar a la Dirección de Atención a las Personas Adultas Mayores perteneciente al DIF estatal para que esta pueda emitir medidas de protección urgentes a favor de las personas adultas mayores, propuesta que nace dado que en la actualidad no existe un ente de gobierno con esta atribución.” 

De acuerdo con el INEGI, en México las personas adultas mayores son considerados el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación, además de que quienes tienen más de 60 años consideran que no se les respetan sus derechos. 

Otras encuestas del Instituto revelan que el 60 por ciento de las personas considera a los adultos mayores como una carga. 

Recientemente, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) reveló que, al primer semestre de 2023, el 12 por ciento de la población en el Estado, tenía más de 60 años, es decir, un millón 44 mil 341 habitantes, de los cuales 46 por ciento era hombre y el resto mujer. 

Además, el Instituto reveló de tan sólo una cuarta parte de los adultos mayores era económicamente activo, mientras que el 75 por ciento dependían de terceros, lo que incrementa su vulnerabilidad. 

La iniciativa fue turnada a comisiones y en caso de que en las mesas de trabajo se dictamine favorable, se presentará el dictamen al Pleno del Ayuntamiento para después enviarlo al Congreso y que se estudien las modificaciones propuestas.