Por Rodrigo Rivas
La reforma estatal sobre transparencia y protección de datos personales sigue en el limbo en el Congreso de Jalisco, por la falta de acuerdos sobre el organigrama y cómo se designará titular de la nueva área encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, tras la desaparición del Instituto de Transparencia.
El coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, comentó que sigue abierto el tema y aún no hay dictamen final.
“Y estamos todavía entre puntos de debate porque aún no hay un dictamen como tal, ahí es donde sí hay diferencias en la forma en como debe ser nombrada. Entonces si va a ser una instancia que está dentro de la Contraloría, tendría que tener una forma de legitimación, por parte del Congreso del Estado, de otra manera, a mí me parece que sería absurdo que su jefe sin requerida la legitimación del congreso y el subordinado no la requiriera; ahí es justamente donde está uno de los puntos centrales de discusión y de diferencia”, precisó.
Tras la reforma federal, el año pasado se aprobó la armonización estatal que implicó la extinción del Instituto de Transparencia del Estado, luego de 20 años de operación. El Congreso de Jalisco tenía como plazo limite el 15 de enero 2026 para emitir una nueva Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, además de armonizar el resto de las leyes estatales.
Presentaron iniciativas el gobierno estatal, PAN, Morena y Hagamos; la iniciativa del Poder Ejecutivo plantea crear un Consejo Consultivo del Subsistema de Transparencia del Estado, integrado por representantes de universidades y sociedad civil; entre sus facultades estará apoyar en la supervisión de la ejecución de la política estatal en materia de transparencia. Los integrantes del Consejo tendrán cargo honorifico.
La Contraloría del Estado, contaría con un órgano desconcentrado que conocerá de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales. El nuevo ente estaría integrado por una dirección y dos consejerías, quienes ocupen esos espacios serán elegidas a través de una convocatoria pública que emitirá la Contraloría del Estado. La persona titular de la Dirección General podrá ser removida en cualquier momento por el titular del Poder Ejecutivo estatal.
La iniciativa del gobernador mantiene sanciones por opacidad que van desde amonestación pública; multas de 150 hasta 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el incumplimiento. Además de arresto administrativo hasta por 36 horas.