Por Elizabeth Rivera Avelar
Los contextos de las desapariciones recientes en Jalisco están caracterizados por patrones de reclutamiento forzado y falsas ofertas laborales, indicó la coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Anna Karolina Chimiak, destacó que esto ya se había presentado desde 2017, pero ahora han renovado los recursos y las estrategias.
“Ahora tienen también otra forma de operar más uso sofisticado de la tecnología más presencia también, por ejemplo en las centrales camioneras o en algunos lugares específicos y no embargo varios de los modus operandi siguen parecidos y estos son más alarmante porque a tantos años después estamos viendo que los patrones se repiten”, expresó.
Chimiak cuestionó la eficacia de las estrategias de prevención y análisis implementadas por la Fiscalía del Estado. A pesar de la creación de una dirección especializada en análisis de contexto de las desapariciones en 2017, dijo que los avances en la publicación y difusión de datos relevantes han sido escasos, lo que limita la posibilidad de implementar acciones efectivas.
La representante del Cepad también detectó la práctica del gobierno estatal de la criminalización de la protesta a familiares que ejercen su derecho a la libre manifestación. Anna Karolina Chimiak apuntó que la protesta es un acto, debería ser valorado como un recurso legítimo para exigir justicia y verdad en medio de una crisis de derechos humanos.
Señaló que el uso del sistema de justicia penal como herramienta de represión por parte del gobierno a desincentivando la manifestación pacífica, generando un clima de miedo entre las familias de desaparecidos.
“Es lamentable que el derecho a la libre manifestación se relega a un segundo plano ante la supuesta protección a la circulación y el orden público”, expresó. Además, destacó que las protestas son fundamentales para visibilizar la lucha por la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas.
La intervención de la Fiscalía del Estado, que ha incluido presiones a familiares para que cesen las manifestaciones, fue condenada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
“Estamos en comunicación con las familias afectadas y lamentamos que sigan vigentes los cargos en su contra. Es necesario que el gobierno respete el derecho a manifestarse sin temor a represalias”, añadió la coordinadora.
A lo largo de los últimos meses, se ha observado un aumento en la participación de familiares en acciones de protesta, incluidos manifestaciones a las puertas de Casa Jalisco donde vive y despacha el Gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, impulsados por una creciente conciencia sobre la necesidad de visibilizar sus casos. La coordinadora notó que muchos familiares buscan asesoría jurídica y están decididos a hacer uso de su libertad de expresión, aún frente a la falta de apertura del gobierno para el diálogo.
A medida que la crisis de desapariciones persiste en Jalisco, las organizaciones de derechos humanos llaman a la administración estatal a reconsiderar su postura hacia la protesta social y a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias. La lucha por la verdad y la justicia sigue siendo un reto primordial en el estado, mientras las familias continúan su búsqueda incansable por sus seres queridos.