Por Elizabeth Rivera Avelar
Que las madres buscadoras sean consideradas como defensoras de derechos humanos para que puedan tener medidas de prevención, de protección y de seguridad, demandó el colectivo de Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) que dio a conocer el diagnóstico participativo “Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y los periodistas”, así lo solicitó la integrante del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Arcelia Enríquez Rincón.
“Reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos cuando ellas así se identifiquen, y que su protección sea asumida por el Estado con una debida diligencia. También erradicar y combatir los estereotipos de género hacia defensoras, buscadoras y periodistas”, expresó.
La madre Buscadora en Guanajuato, Edith Lendechy García del Colectivo Proyecto de Búsqueda, reprochó la falta de apoyo y resaltó la necesidad de que en México se cuente con una alerta temprana y de protección inmediata para evitar que las mujeres que buscan a sus seres queridos sean asesinadas.
La organización de Cimac sostuvo que en México, prevalece un contexto de violencia, corrupción e impunidad que afecta principalmente a las mujeres, incluyendo a defensoras de derechos humanos y periodistas. Estos grupos enfrentan formas específicas de violencia de género, lo que aumenta su vulnerabilidad y riesgo. México es uno de los países más peligrosos para estas actividades, debido a amenazas y agresiones constantes, muchas veces perpetradas por el Estado, y con un alto índice de impunidad (99%).
La asociación civil expuso que las mujeres defensoras y periodistas están expuestas a violencia diferenciada y desproporcionada, como feminicidios, violencia sexual y campañas de difamación sexista. La criminalización de su trabajo agrava su situación. Además, las medidas de protección existentes resultan insuficientes, y la falta de perspectiva de género en las investigaciones y sanciones empeora su situación de inseguridad.
Para mejorar esta situación, advirtió que es vital garantizar una protección integral con un enfoque de género, investigando diligentemente todas las amenazas y agresiones. Es necesario reconocer la violencia estructural y de género que enfrentan y adaptar las políticas públicas en consecuencia. En el caso particular del estado de Guanajuato, se recomienda diseñar políticas públicas adecuadas basadas en documentación y análisis exhaustivos, centrando las experiencias y necesidades de las mujeres defensoras y periodistas.
El colectivo destacó las siguientes cifras:
De enero de 2019 a octubre de 2023, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó:
— 41 asesinatos de periodistas.
— 90 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
— 8 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.
— 5 desapariciones de periodistas.
La tasa de impunidad en los delitos cometidos en México se menciona como del 99%.