Por Haremy Reyes
Las acciones que ha anunciado el gobierno del estado de Jalisco para reducir la violencia de género y los feminicidios serán insuficientes mientras persista la falta de empatía de la mayoría de los funcionarios que reciben a las víctimas, advirtió Cinthya Rodríguez, vocera del colectivo Sororas Violetas.
“Cualquier propuesta que sea en pro a la seguridad de las mujeres es bienvenida. El problema aquí vendría siendo los servidores públicos, ¿verdad? Yo pienso que el aumentar la seguridad, el aumentar los pulsos de vida, el aumentar las medidas de protección para las mujeres en peligro está súper bien, pero también necesitamos servidores públicos que sean más empáticos ante las situaciones de violencia que sufrimos las mujeres. También ser más servidores públicos con perspectiva de género, sobre todo”.
Advirtió que propuestas como la ampliación del uso del “pulso de vida”, el desarrollo de una nueva aplicación denominada Código Violeta, un chatbot de emergencia y la compra de 500 dispositivos de rastreo para agresores, pueden ser útiles, pero resultan insuficientes si no van acompañadas de cambios de fondo.
“El problema no es solo la tecnología, sino los servidores públicos. Se necesita personal con empatía y perspectiva de género. Si no hay sensibilidad ni atención adecuada, las mujeres seguirán sin confiar en las instituciones”, sostuvo Rodríguez.
Recordó el caso de Kati, una mujer que fue asesinada por su expareja frente a su hijo en una carnicería, luego de que acudiera al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) sin obtener apoyo. “La atendió un hombre que minimizó su denuncia de acoso y hostigamiento. No le dieron seguimiento. A Kati la mataron. ¿De qué sirven los botones o las apps si quienes atienden no creen a las víctimas?”, cuestionó.
Rodríguez también expresó preocupación por el manejo de los casos de feminicidio en Jalisco. Según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado al menos 18 feminicidios, y ninguna de las víctimas contaba con medidas de protección. “Nos dicen que no denunciaron, pero ¿por qué? Porque no confiaban. Ir a una fiscalía o al CJM muchas veces implica ser revictimizadas, ignoradas o incluso ridiculizadas”, afirmó.
Además, criticó que desde el gobierno estatal se afirme que “el que la hace, la paga”, como declaró recientemente el gobernador Pablo Lemus. “¿Y Eduardo Granados, el feminicida de Astrid? ¿Dónde está? ¿Y el caso de Valeria Márquez? ¿Dónde están los responsables? Por uno que detienen, hay muchos más impunes”, advirtió.
El colectivo reiteró que la violencia institucional también debe ser visibilizada y combatida, ya que muchas mujeres enfrentan obstáculos desde el primer contacto con las autoridades. “Hay que revisar quiénes están detrás de los escritorios. Si la primera respuesta que recibes es que estás exagerando o que lo tuyo no amerita castigo, ¿cómo van a denunciar las víctimas?”, expresó.
Finalmente, Rodríguez subrayó que mientras las autoridades no escuchen a las colectivas ni actúen con seriedad, serán ellas quienes continúen alzando la voz. “Estamos con las madres autónomas, con las víctimas de feminicidio, con todas las que sufren violencia. Porque si no hacemos ruido, no nos escuchan”, concluyó.