Por Elizabeth Rivera Avelar
Un caso de violencia vicaria de México fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso podría marcar un precedente importante en la justicia internacional, indicó la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, en voz de los abogados María Magdalena López Paulino y Ernesto Rodríguez Cabrera, secretaria ejecutiva y responsable del área jurídica de la asociación, respectivamente.
La representante legal, María Magdalena, destacó que el caso de la también abogada y activista de Guadalajara, Blanca Paredes Hernández, se aceptó en tiempo récord, pues fue presentada el 5 de diciembre de 2023.
“Este caso es paradigmático. Uno, normalmente, pasan años para que se acepte un caso en la Comisión. Aquí, el caso fue aceptado en nueve meses, un tiempo récord. Eso es un tiempo récord. Y dos, porque están juntando la admisión con el fondo, es decir, están diciendo, pues si no contesta el Estado mexicano y si lo que contestan no nos convence, pues se va a fondo”, declaró la abogada María Magdalena.
Los abogados explicaron que en total se presentaron solicitudes para revisar un total de tres casos de violencia vicaria cometida contra mujeres en México, por lo que esperan la emisión de los otros dos expedientes.
Los otros dos casos son el de Elisa María Zaldívar Barcelata, abogada radicada en Cancún, y el de Gabriela Pablo Saucedo, periodista radicada en la Ciudad de México.
Los abogados destacaron que en el caso de Blanca Paredes el Estado mexicano incurrió en dilación de la justicia, además de que se cometieron diversas irregularidades y se presentó influencia de su expareja ya que es un exmagistrado de justicia.
Los abogados destacaron el punto de que la Comisión analice el tema de violencia vicaria, la cual recordaron implica el uso de los hijos como herramientas de amenaza y manipulación, la conducta afecta de manera significativa el acceso a la justicia para las mujeres y violenta los derechos humanos como la protección de los niños y la familia, la igualdad ante la ley y se incurre en una protección judicial ineficaz.
Los representantes legales explicaron que recurrieron a la Comisión Interamericana debido a la dilación de justicia y a la falta de resolución efectiva a nivel nacional. Destacaron que pretenden visibilizar y abordar los problemas de violencia vicaria en México.
Reportaron que realizaron una reunión bilateral en Washington para sensibilizar a la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la violencia vicaria.
Proceso en la Comisión Interamericana
Los abogados explicaron que la Comisión ya admitió la denuncia del caso de Blanca y el Estado mexicano tiene un plazo de tres meses para hacer observaciones, prorrogable hasta cuatro meses, dependiendo de si se realizan o no observaciones, se procederá con la admisibilidad y el fondo del asunto.
El responsable del área jurídica de la Red, Ernesto Rodríguez Cabrera, explicó que la CIDH podría unificar las etapas de admisibilidad y fondo, lo que ahorraría considerable tiempo en el proceso. Sin embargo, indicó que la transición en el cambio de poderes en México podría retrasar las respuestas del Estado.
“No tenemos una fecha clara de cuándo podría resolverse. Depende de que nosotros como Red Solidaria estemos justo ahí sobre la comisión y diciéndoles que este es un caso paradigmático que deben resolver pronto”, resaltó María Magdalena López.
Rodríguez añadió que este caso, relacionado con violencia vicaria, podría seguir los pasos de sentencias anteriores gestionadas por la organización, como la sentencia Tzompaxtle Tecpile, que llevó a México a eliminar la figura del arraigo y armonizar la prisión preventiva:
“La comisión nos informará si podemos sentarnos a negociar con el Estado o si el caso pasará a la corte. Nosotros preferimos ir a la Corte, pero eso depende de lo que quiera Blanca, la víctima en este caso”, comentó la abogada.
Además de buscar justicia para Blanca, la demanda incluye la solicitud de reparaciones como la no repetición de los hechos, el respeto de la igualdad de armas, y la legislación clara sobre la violencia vicaria en las leyes mexicanas:
“Estamos pidiendo la reparación del daño, una disculpa pública y otras medidas que evaluaremos junto con Blanca antes del fondo”, añadió Rodríguez Cabrera.
López Paulino hizo un llamado a la difusión de este caso para que más mujeres afectadas por la violencia vicaria se acerquen a organizaciones defensoras de sus derechos:
“Quisiéramos que se difundiera esta noticia ampliamente para que todas las mujeres que están sufriendo violencia vicaria sepan que pueden acercarse a todas las organizaciones que pueden defender sus casos, no solo a nosotros”, López Paulino.
Apuntaron que este caso se presenta como un símbolo de lucha y esperanza para muchas víctimas de violencia vicaria en México y América Latina, esperando que la CIDH emita una resolución favorable y rápida.