Por Elizabeth Rivera Avelar
Comerciantes ambulantes del centro histórico de Guadalajara levantaron la voz para denunciar presuntos actos de corrupción y favoritismo por parte de funcionarios municipales afines al partido Movimiento Ciudadano (MC).
Teresita González Murillo, comerciante del centro de Guadalajara, expresó su descontento, manifestó que se otorgaron permisos a una sola comerciante, a Elizabeth Vélez Vázquez, y a sus hijas, permitiéndoles operar en múltiples carritos y locales, mientras que otros vendedores, algunos con más de 40 años de actividad en la zona, han sido marginados.
“Mire, yo vengo a denunciar actos de corrupción en contra de la Superintendencia del Centro Histórico, que es una oficina que no existía, apenas existió en esta administración. Venimos a denunciar actos en contra de Javier Barragán, de Josué Maldonado, de Vicente Turín, de Javier Barragán, del ingeniero Juan Manuel Munguía, ya que debido a sus actos de corrupción proliferaron en el Centro Histórico el comercio como es esa carpa que se encuentra en la esquina, vendiendo en seis mil pesos cada lugar. Los que somos comerciantes viejos, natos del Centro Histórico, nos tienen sin permiso”, expuso.
González Murillo señaló que la superintendencia otorgó quince permisos a la comerciante señalada, lo que contraviene el decreto que establece que los permisos para estos carritos no deben ser vendidos ni rentados, y están destinados únicamente a aquellos que han pertenecido a Plaza Guadalajara.
Teresita González denunció que la comerciante, que no cumple con los requisitos, ha lucrado con estos permisos, incluso durante la temporada navideña, vendiendo lugares para Cabañas Navideñas por sumas de cobros que alcanzan los cincuenta mil pesos.
“Nos han dejado sin trabajar, nos quitaron toda nuestra mercancía dejándonos sin medios para subsistir”, afirmó González. Su familia, aseguró, depende enteramente de las ventas en el Centro Histórico, y su hermano discapacitado y su esposo, que requiere insulina, se han visto particularmente afectados.
González también criticó los supuestos nexos entre funcionarios y ciertos comerciantes favorecidos, destacando casos como el del presidente municipal de Zapopan, Juan Jose Frangie, quien, según su testimonio, habría ampliado se forma indebida su segundo restaurante con permisos otorgados por la actual administración de Guadalajara.
Ante esta situación, González y otros afectados decidieron iniciar una huelga de hambre y protesta con encadenamientos a las puertas de Palacio Municipal en el ayuntamiento de Guadalajara en busca de respuestas y justicia. Exigen la intervención de las autoridades competentes para que realicen auditorías sobre los permisos concedidos y la verificación del cumplimiento de las normativas vigentes. Además, demandan el retiro de privilegios a los beneficiarios ilegítimos y el restablecimiento del derecho a trabajar para los comerciantes históricos del centro.
Los inconformes indicaron que buscan transparencia y justicia en la asignación de permisos para asegurar su sustento y el de sus familias.