El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD) solicitó la intervención de organismos internacionales en materia de derechos humanos para que el derecho a la memoria sea garantizado, con respecto al caso de #5J o el llamado ‘Halconazo tapatío’, que consistió en la desaparición forzada de cien personas y el abuso policiaco y muerte de Giovanni López en 2020, caso por el que las víctimas colocaron un memorial en 2023 y las autoridades retiraron, indicó la codirectora del CEPAD, Anna Karolina Chimiak.
“Consideramos que el derecho a la memoria es esencial como parte del reconocimiento de los hechos abona, y es una parte del derecho a la reparación integral de las víctimas donde se da sentido a las experiencias de las víctimas y se atiende a sus necesidades pero sobre todo también se abona a que los hechos no se vuelvan a repetir nunca más y por otro lado también se relaciona con las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, libre manifestación de ideas o el derecho a asociación o participación en asuntos públicos”, expresó.
La petición fue dirigida a los integrantes del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), a los del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID); a los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas y al de la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas.
El CEPAD demanda a los organismos que tomen nota sobre lo sucedido, y consideren la posibilidad de pedir informes al Estado Mexicano sobre los hechos ocurridos.
Solicita que consideren la posibilidad de emitir una comunicación individual y/o conjunta en la que se pronuncien y expresen su preocupación y/o condena respecto a estos actos violatorios al derecho a la memoria, libertad de expresión, manifestación de ideas, participación en asuntos públicos y asociación de las víctimas de desapariciones forzadas, y la importancia de su reivindicación como un elemento esencial de la reparación integral y una garantía de que los hechos no ocurran nunca más.
Que tomen en cuenta la posibilidad de instar al Estado de Mexicano a redoblar esfuerzos para garantizar y preservar el derecho a la memoria y protección de las iniciativas y sitios de memoria impulsados por las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Piden que vean la posibilidad de instar al Estado Mexicano, y en lo particular al Gobierno del Estado de Jalisco y al Gobierno municipal de Guadalajara que lleven a cabo la reinstalación del Antimonumento 5 de Junio como medida reparatoria ante los hechos, y que se garantice su cuidado y preservación.
El documento completo se puede checar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1zZQEqgk2criT_-3XGWz99SSoxa3V_9I0/view?usp=drivesdk
Elizabeth Rivera Avelar.