CEDHJ emite recomendación por feminicidio ocurrido en el Mercado de Abastos

Foto: Guardia Nocturna

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por el caso de un feminicidio ocurrido en el Mercado de Abastos, el pasado 11 de octubre de 2019.

El día del feminicidio, familiares de la víctima interpusieron una queja en contra de funcionarias y funcionarios del Centro de Justicia para la Mujer (CJM), dependiente de la Fiscalía del Estado (FGE), y de elementos de la Policía Investigadora que resultaran responsables, pues aseguraron, incumplieron con su deber de garantizar la protección y seguridad de la víctima, quien denunció la violencia familiar y agresiones que recibía por parte de su ex esposo, y a quien las medidas de protección no le sirvieron para salvar la vida.

Manifestaron que la víctima, después de dos años y medio de matrimonio, y debido a las constantes agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte que recibía de su esposo, decidió divorciarse. Señalaron que interpuso dos denuncias ante el Centro de Justicia para la Mujer, en contra de su expareja; la primera en 2017, que se radicó ante la Agencia del Ministerio Público número 2, de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos Contra la Mujer, mientras que la segunda denuncia fue 2018, y se radicó ante la Agencia del Ministerio Público número 5, de la misma Unidad Especializada.

Los parientes de la víctima refirieron que hubo omisión, dilación y negligencia por parte de las y los agentes del Ministerio Público, que conocieron de la integración de las denuncias, pues aseguraron que no hicieron lo necesario para evitar las agresiones que recibía la víctima; que le otorgaron medidas de protección, pero no les dieron seguimiento, e incluso que nunca notificaron ni citaron al agresor, siendo al final asesinada la mujer.

«En las investigaciones realizadas por esta defensoría, quedó evidenciado que la atención brindada a la víctima por parte de las y los servidores públicos, incumplió los estándares legales para la investigación de casos de violencia contra las mujeres. Se observó el incumplimiento a las órdenes de protección, la falta de exhaustividad, debida diligencia reforzada en la investigación, y la inobservancia a los protocolos aplicables a estos casos», concluyó la CEDHJ.

La defensoría documentó que si bien se emitieron tres medidas de protección, ninguna fue efectiva, debido a que no se expidieron ni atendieron bajo un enfoque de género especializado, y a una deficiente actuación de las y los funcionarios públicos que intervinieron, quienes fueron omisos en cumplir con el protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, y con el Protocolo al que se sujetarán las y los agentes del Ministerio Público, respecto a la solicitud, atención, expedición y seguimiento de las órdenes de protección en casos de violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, lo que propició que la víctima no recibiera de manera integral y efectiva, las medidas de protección y seguridad a las que tenía derecho.

«Las medidas fueron notificadas a la autoridad preventiva municipal para efectos de dar rondines de vigilancia, pero no fueron comunicadas oportunamente a la persona responsable de la violencia que venía sufriendo la mujer, es decir, a la expareja de la víctima, para su cumplimiento; por lo que se omitieron las acciones destinadas a evitar la violencia denunciada, al no emitir las medidas preventivas y de emergencia señaladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. Además, no se evaluó el riesgo que corría la víctima y el grado de peligrosidad del agresor, y no fue seleccionada la medida de protección correcta, ni se construyó un plan de seguridad adecuado a su contexto», determinó el organismo.

La CEDHJ advirtió que el personal del Ministerio Público no siguió una línea de investigación para acreditar el delito y sancionar al responsable. Fueron nulos los esfuerzos para demostrar el grado de participación que tenía el victimario, y ni siquiera se intentó localizarlo o inhibirlo en su lugar de trabajo ni donde se cometían las agresiones; tampoco se emprendieron acciones para judicializar el caso, pues se omitió analizar el contexto de violencia de género que sufría la víctima.

Por dichas omisiones, la Comisión identificó que hubo violencia institucional por parte de las autoridades ministeriales y Policía Investigadora, al no realizar una atención integral y efectiva bajo el principio de debida diligencia reforzada, que implica actuar de manera oportuna, suficiente y eficaz.

«Tiene particular relevancia que a la víctima se le solicitó de manera reiterada que proporcionara testigos adicionales a los que presentó, y someterse a dictámenes psicológicos que se tradujo en condición para realizar una debida investigación. La valoración de riesgo no fue realizada de manera adecuada ni el plan de emergencia, pues no se atiende a los criterios establecidos en el informe especial sobre medidas y órdenes de protección que ha realizado esta defensoría».

«A la víctima no le fueron otorgadas las medidas necesarias de protección (órdenes de protección); se limitaron a efectuar rondines por parte de la Policía Municipal, sin considerar las medidas establecidas en la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre el no acercamiento a hijas, hijos o familiares directos de la mujer receptora de violencia, aseguramiento de armas, ingreso a refugio, canalización del agresor a un centro de reeducación, entre otras», manifestó la Comisión.

Entre las irregularidades detectadas por el organismo defensor de los Derechos Humanos, se identificó que diligencias efectuadas por parte de la Policía Investigadora no fueron efectivas para entrevistar posibles testigos, y no tuvieron contacto con la víctima, ni cuando acudió al CJM a presentar evidencias de las amenazas que recibía a través de mensajes de odio que le enviaba su ex esposo a su celular, sólo se limitaron a llamarla vía telefónica. Tampoco tuvieron contacto con el agresor.

«Hay evidencias que permiten asegurar que previo a su asesinato existió una conducta de violencia feminicida en contra de la víctima por parte de su expareja, y aunque hasta el momento no ha sido posible acreditar su probable responsabilidad intelectual en el crimen, se encontraron elementos suficientes para comprobar que la víctima sufría de violencia y su vida estaba en riesgo», refiere la recomendación.

En la investigación la defensoría demostró que las agencias del Ministerio Público, adscritas a la Unidad Especializada en la Investigación en Delitos contra las Mujeres, no cuentan con el personal suficiente para atender la problemática exponencial en violencia de género, pues existe una carga de trabajo desproporcionada, falta de personal, de recursos y herramientas suficientes, para garantizar a las víctimas el derecho a una vida libre de violencia, y en consecuencia, al acceso a la justicia, aunado a una deficiente especialización.

Para la CEDHJ quedó comprobado que personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, involucrado en la atención de la violencia que sufría la víctima por parte de su esposo, al momento de atender el caso no actuó con un enfoque de género especializado, transformador, con la debida diligencia reforzada y, en general, bajo las normas, principios, procedimientos y protocolos que este tipo de casos ameritan.

La Recomendación completa se puede consultar en: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2020/Reco%2049.2020%20VP.pdf

Elizabeth Rivera Avelar