La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió una queja de oficio por el caso de la
violación de tres custodias en la Comisaría de Reinserción para Sentenciados (CRS) del Complejo Penitenciario de Puente Grande, que presuntamente ocurrió el pasado 10 de febrero en la madrugada, notificó el primer visitador general de la institución, Javier Perlasca Chávez.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos, a través de una nota periodística, abrió de oficio la queja número 391/2023, la cual fue turnada a esta primera visitaduría general. En el momento de su apertura el área de guardia de la Comisión envió medidas cautelares a las autoridades correspondientes que se emitieron en el siguiente sentido: que se identificara a las víctimas, que según la nota informativa, fueron probablemente abusadas sexualmente en el CERESO, bajo la anuencia de sus compañeros de trabajo, a fin de que se les brinde de manera inmediata atención médica y psicológica de contención, y la asesoría legal que requieran”, manifestó el primer visitador.
La defensoría pública también solicitó que de inmediato se identifique a los policías custodios y demás servidores que pudieran estar involucrados en los hechos, se les separe de sus funciones mientras se realizan las investigaciones, a fin de que no tengan contacto con las presuntas víctimas.
La Comisión igualmente también solicitó que se diera vista al órgano de control de la Secretaría de Seguridad del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes. Además, solicitó que se realice la denuncia penal correspondiente ante el agente del Ministerio Público.
La institución pidió que se revisen los protocolos de seguridad que deben existir en los Centros de Reinserción Social del Estado de Jalisco, con el fin de garantizar el derecho a la integridad y a la seguridad de las personas servidoras públicas y de las personas privadas de su libertad, para evitar la repetición de hechos graves, como el que la nota periodística refiere.
Las medidas fueron dirigidas al director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.
Elizabeth Rivera Avelar